Los terremotos, maremotos, tsunamis, inundaciones, movimientos de masas, flujos torrenciales, huracanes, eventos climáticos o meteorológicos y eventos que afecten la actividad económica pueden producir pérdidas patrimoniales de diversa magnitud sobre viviendas, edificaciones, comercios, bienes muebles, mercancías e instalaciones.
En el ámbito asegurador venezolano, su tratamiento jurídico debe analizarse desde una premisa fundamental: la existencia de un evento natural no implica, por sí sola, que exista cobertura aseguradora. La cobertura frente a un desastre natural depende del contrato de seguro efectivamente celebrado y de todos los documentos que lo integran, entre ellos las condiciones generales, las condiciones particulares, los anexos y los demás documentos aplicables. Depende también de las coberturas efectivamente contratadas, de las exclusiones pactadas, de los deducibles establecidos, de las sumas aseguradas, de los límites de indemnización y de los recaudos exigidos para la tramitación del reclamo.
Este artículo revisa el marco normativo venezolano aplicable a los riesgos catastróficos, con fundamento en la Ley de la Actividad Aseguradora (LAA) y en la Providencia Administrativa N° SAA-01-0483-2024, contentiva de las Normas Relativas a la Constitución, Tratamiento y Liberación de la Reserva para Riesgos Catastróficos.
Los terremotos, maremotos, tsunamis, inundaciones, movimientos de masas, flujos torrenciales, huracanes, eventos climáticos o meteorológicos y eventos que afecten la actividad económica pueden producir pérdidas patrimoniales de diversa magnitud sobre viviendas, edificaciones, comercios, bienes muebles, mercancías e instalaciones.
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1. MARCO NORMATIVO
El primer instrumento normativo es la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.770 del 29 de noviembre de 2023 (LAA). Conforme a su artículo 1, esta Ley tiene por objeto establecer el marco normativo para la autorización, regulación, funcionamiento, control, supervisión y vigilancia de la actividad aseguradora, en tutela del interés general representado por los derechos y garantías de los tomadores, asegurados, beneficiarios, contratantes, usuarios y afiliados, según corresponda.
El segundo instrumento normativo es la Providencia Administrativa N° SAA-01-0483-2024, dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.835 del 3 de septiembre de 2024, contentiva de las Normas Relativas a la Constitución, Tratamiento y Liberación de la Reserva para Riesgos Catastróficos. Esta providencia desarrolla de manera específica los mecanismos de constitución, el tratamiento aplicable en caso de reaseguro y los modos de liberación de la reserva para riesgos catastróficos.
2. RIESGO, SINIESTRO Y RIESGOS CATASTRÓFICOS
El artículo 4, numeral 23, de la LAA define el riesgo como la posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que no dependa exclusivamente de la voluntad del tomador, asegurado, beneficiario, contratante, usuario o afiliado, que ocasione una necesidad económica, y cuya aparición real o existencia se previene y garantiza en el contrato. Esta definición es relevante porque los desastres naturales sólo adquieren relevancia aseguradora cuando el riesgo correspondiente ha sido efectivamente asumido en el contrato.
El artículo 4, numeral 26, de la LAA define el siniestro como la materialización del riesgo que da origen a la obligación de indemnizar por parte de la empresa de seguros, medicina prepagada o administradora de riesgos. Esta distinción es fundamental: no basta la ocurrencia material de un terremoto, una inundación u otro evento natural; debe verificarse si ese evento constituye un riesgo cubierto por el contrato y si, además, se cumplieron las condiciones contractuales y legales que activan la obligación de indemnizar.
El artículo 38 de la LAA dispone que las empresas de seguros, de reaseguros y de medicina prepagada constituirán y mantendrán una reserva para los riesgos cubiertos por el respectivo contrato cuyo efecto, en caso de siniestro, puede ser de carácter catastrófico. La norma enumera, entre otros, terrorismo, explosiones, motín, disturbios, daños maliciosos y los que se califican de forma general como catástrofes naturales: terremoto, maremoto, tsunami, inundación, movimientos de masas, flujos torrenciales, huracanes, eventos climáticos, incluida cualquier circunstancia o evento que afecte la actividad agropecuaria.
La Providencia Administrativa N° SAA-01-0483-2024 complementa y desarrolla esta regulación; su artículo 3 define como riesgos catastróficos, entre otros, los siguientes: daños maliciosos, disturbios laborales, eventos climáticos o meteorológicos, explosión, flujos torrenciales, huracán, inundación, maremoto, motín y disturbio popular, movimientos de masas, riesgos agropecuarios, terremoto, terrorismo, tornado y tsunami. La misma norma prevé que la SUDEASEG podrá considerar de carácter catastrófico otros riesgos amparados por los contratos, lo que le otorga al organismo supervisor un margen de actualización técnica sin necesidad de modificar el instrumento normativo.
3. RESERVA PARA RIESGOS CATASTRÓFICOS
El artículo 32 de la LAA enumera los tipos de reservas técnicas que las empresas de seguros, de reaseguros y de medicina prepagada deben constituir y mantener, e incluye expresamente las reservas para riesgos catastróficos como una categoría autónoma.
El artículo 38 de la LAA desarrolla esta obligación al establecer que la reserva será equivalente al treinta por ciento (30%) de las primas o cuotas puras o de riesgo retenidas, por los riesgos nombrados en dicho artículo, correspondientes a períodos transcurridos. Los artículos 5 y 8 de la Providencia Administrativa N° SAA-01-0483-2024 precisan que ese porcentaje aplica por cada una de las coberturas, básicas u opcionales, que amparen los riesgos catastróficos, y que todo cálculo relativo a esta reserva se efectuará sobre los riesgos ubicados en el territorio nacional.
El artículo 4 de la Providencia Administrativa N° SAA-01-0483-2024 organiza los riesgos catastróficos en grupos independientes a efectos del cálculo de la reserva: riesgo de terremoto; riesgos climáticos o meteorológicos; riesgos agropecuarios; riesgo de terrorismo; riesgo de explosión; y riesgos de motín, disturbios populares, disturbios laborales y daños maliciosos. Esta clasificación determina la manera en que cada aseguradora debe calcular, controlar y reportar su posición técnica frente a cada categoría de riesgo catastrófico.
El saldo de la reserva para riesgos catastróficos está sujeto a un límite máximo. Conforme al artículo 38 de la LAA y al artículo 8 de la Providencia Administrativa N° SAA-01-0483-2024, ese límite es un monto equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la Pérdida Máxima Probable Retenida Promedio correspondiente a los últimos cinco (5) ejercicios económicos. Adicionalmente, las empresas que durante el ejercicio inmediatamente anterior manejen una siniestralidad incurrida igual o menor al treinta por ciento (30%) en los ramos que amparen estos riesgos deben incrementar la reserva en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del resultado técnico obtenido en dichos ramos.
El artículo 40 de la LAA establece que, para efectos de las reservas para riesgos catastróficos, sólo podrán considerarse los bienes o derechos previstos en sus numerales 1, 2 y 5. El numeral «1» comprende los depósitos en moneda nacional o extranjera, en bancos o instituciones financieras domiciliados en el país y contemplados en la ley especial que regula la materia bancaria, que no sean empresas filiales, afiliadas o relacionadas del sujeto regulado. El numeral «2» comprende los títulos valores denominados en moneda nacional o extranjera, emitidos o garantizados por la República, por otros sujetos de derecho público nacional, o emitidos por instituciones o empresas en los cuales tengan participación esos entes, siempre que estén custodiados por una institución financiera del sector bancario o del mercado de valores, de carácter público. El numeral «5» comprende otros activos o derechos nacionales expresamente autorizados por SUDEASEG.
Por su parte, el artículo 42 de la LAA dispone que las empresas de seguros, de reaseguros y de medicina prepagada no podrán representar las reservas para riesgos catastróficos en bienes inmuebles ni en préstamos hipotecarios.
La liberación de la reserva no opera de manera automática ni unilateral. El artículo 15 de la Providencia Administrativa N° SAA-01-0483-2024 prevé que, cuando el saldo de la reserva al cierre del ejercicio económico supere el límite máximo establecido, las empresas podrán liberar el monto en exceso únicamente previa autorización de la SUDEASEG. El artículo 16 de la misma providencia dispone que las empresas de seguros, de reaseguros y de medicina prepagada destinarán el dos por ciento (2%) del monto liberado al Fondo de Reservas Catastróficas Nacional, administrado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, lo que establece un mecanismo de solidaridad sistémica frente a eventos de magnitud excepcional.
4. PÓLIZAS, COBERTURA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES
La LAA no establece que la cobertura de desastres naturales sea automática ni universal. El artículo 29 dispone que las condiciones generales, condiciones particulares, cuadros recibos o cuadros pólizas, solicitudes, finiquitos o recibos de indemnización, notificaciones de siniestros, anexos, arancel de comisiones, bonos, planes de estímulos y demás documentos, así como las tarifas, utilizados por los sujetos regulados en sus relaciones comerciales con ocasión de los contratos de seguros o de medicina prepagada, deben ser aprobados previamente por la SUDEASEG, quien decidirá sobre la solicitud de aprobación en un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles.
Debe tenerse presente, no obstante, que el artículo 6, numeral «10», de la LAA faculta a la SUDEASEG para permitir, mediante normas de carácter general, el uso de pólizas, tarifas y demás documentos sin aprobación previa cuando las condiciones jurídicas y económicas lo justifiquen. En consecuencia, desde el punto de vista técnico-jurídico, debe hablarse de documentos aprobados o autorizados conforme a la normativa aplicable vigente, según corresponda en cada caso.
El terremoto, la inundación, los movimientos de masas, los flujos torrenciales, los huracanes, el tornado y los demás riesgos catastróficos pueden estar contemplados como cobertura básica de la póliza, como cobertura adicional sujeta al pago de una prima complementaria, mediante un anexo especial que requiere ser contratado expresamente, o pueden estar excluidos total o parcialmente. La determinación concreta no puede presumirse ni inferirse de la sola existencia de la póliza: debe verificarse en el texto del contrato vigente, en los anexos aplicables, en las condiciones de cobertura, en las exclusiones, en los deducibles y en los límites de indemnización.
5. ASPECTOS QUE DEBE VERIFICAR EL ASEGURADO ANTES DE RECLAMAR
Ante la ocurrencia de un evento que pueda tener carácter catastrófico, el tomador, asegurado o beneficiario debe verificar, como mínimo, los siguientes aspectos antes de presentar su reclamo: la vigencia de la póliza al momento del siniestro; la inclusión expresa del riesgo ocurrido dentro de las coberturas contratadas; la existencia de anexos o condiciones particulares aplicables; el pago oportuno de la prima correspondiente a ese riesgo; la suma asegurada para esa cobertura; los límites de indemnización pactados; los deducibles específicos para riesgos catastróficos; la identificación precisa de los bienes asegurados; las exclusiones aplicables; el procedimiento de notificación del siniestro y su lapso; los recaudos exigidos para formalizar el reclamo; y los lapsos contractuales para la presentación de la reclamación.
Una revisión incompleta de la póliza puede generar expectativas de cobertura que no se correspondan con el texto del contrato. Desde el punto de vista jurídico, la reclamación debe construirse sobre cuatro elementos verificables: el riesgo efectivamente cubierto en el contrato; la ocurrencia del siniestro conforme a la definición del artículo 4, numeral «26», de la LAA; el nexo causal entre el evento y los daños reclamados; y el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales del tomador, asegurado o beneficiario. La ausencia de cualquiera de estos elementos puede comprometer el éxito de la reclamación.
6. INDEMNIZACIÓN, RECHAZO MOTIVADO Y PROHIBICIÓN DE ARGUMENTOS GENÉRICOS
El artículo 123 de la LAA establece que las empresas de seguros, de medicina prepagada y administradoras de riesgos están obligadas a hacer efectivas las indemnizaciones en un plazo máximo de veinte (20) días continuos siguientes, contados a partir de la fecha en que se haya entregado el último recaudo o del informe de ajuste de pérdidas, si fuese el caso, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa por retardo en el cumplimiento de sus obligaciones.
La misma disposición exige que, dentro de ese mismo lapso, la empresa notifique por escrito al tomador, asegurado, beneficiario, contratante, usuario o afiliado las causas de hecho y de derecho que justifican el rechazo total o parcial de la indemnización exigida, siendo que el incumplimiento de esta obligación genera la correspondiente responsabilidad administrativa. La propia norma prevé que lo dispuesto en ese artículo aplica igualmente en los casos de fianzas emitidas por las empresas de seguros.
El artículo 25, numeral «12», de la LAA prohíbe a los sujetos regulados rechazar el pago de indemnizaciones con argumentos genéricos, sin exponer claramente las razones de hecho y de derecho en que se basan para considerar que el pago reclamado no es procedente, precisando que no basta la simple indicación de la cláusula del contrato o norma legal que a su juicio la exonera de su responsabilidad.
En materia de desastres naturales, esta prohibición es de especial relevancia: la aseguradora puede invocar una exclusión, un límite, un deducible o una condición contractual para rechazar total o parcialmente un reclamo, pero ese rechazo debe estar debidamente motivado, vincular los hechos del siniestro con la norma contractual o legal aplicable y no puede limitarse a una referencia formal o genérica.
CONCLUSIÓN
El régimen asegurador venezolano reconoce determinados riesgos que pueden tener carácter catastrófico cuando estén cubiertos por el respectivo contrato, entre ellos se encuentran, conforme a la Ley y a la Providencia Administrativa N° SAA-01-0483-2024, el terremoto, el maremoto, el tsunami, la inundación, los movimientos de masas, los flujos torrenciales, los huracanes, los eventos climáticos o meteorológicos, los eventos que afecten la actividad agropecuaria, el tornado, la explosión, el terrorismo, el motín, los disturbios populares, los disturbios laborales y los daños maliciosos.
La cobertura de cualquiera de estos eventos no es automática. Depende del contrato de seguro celebrado, de las condiciones aplicables, de las exclusiones incorporadas, de los anexos contratados, de las sumas aseguradas y de los deducibles pactados, así como del cumplimiento de los recaudos y lapsos exigidos para la tramitación del reclamo.
En paralelo, cuando tales riesgos son asumidos contractualmente y pueden producir efectos catastróficos, las empresas obligadas deben constituir, mantener, representar y, cuando corresponda, liberar la reserva para riesgos catastróficos conforme a la Ley y a la normativa SUDEASEG aplicable, lo que implica un respaldo financiero real frente a los siniestros de mayor magnitud.
El asegurado cuenta con herramientas legales concretas para hacer valer sus derechos: exigir que la póliza y sus anexos estén ajustados a la normativa vigente; presentar el reclamo con todos los recaudos; exigir respuesta dentro del plazo legal de veinte (20) días continuos; y cuestionar fundadamente cualquier rechazo que no exponga de manera clara y específica las razones de hecho y de derecho que lo sustentan.