I. EL NUEVO PARADIGMA DE LIBERTAD CONTRACTUAL

Por el contrario, las nuevas relaciones contractuales que se constituyan a partir de dicha publicación quedarán sometidas al marco del nuevo Régimen Especial.

Al comparar ambas legislaciones, se evidencia cómo la libertad contractual facilita de forma sustancial la celebración y ejecución de los contratos de arrendamiento, especialmente en los cinco aspectos a continuación:

II. CUADRO COMPARATIVO: LEY 2011 vs. LEY 2026

I. FUNDAMENTO LEGAL Y JURISDICCIÓN EN CASOS DE TERCERIZACIÓN

El trabajador no pedía que se le calificara el despido ni el reenganche; reclamaba el pago de beneficios laborales que, según su decir, no le habían sido cancelados justamente por haber sido tercerizado. La pregunta que debía responder la Sala no era si hubo o no fraude, cuestión que corresponde al fondo del asunto, sino a qué autoridad le toca decidirlo cuando la tercerización se plantea dentro de una demanda de cobro.

Para resolverlo, la Sala parte del análisis de los artículos 47 y 48 de la LOTTT:

• El artículo 47 define la tercerización como la simulación o el fraude patronal dirigido a desconocer la legislación laboral, y atribuye a «los órganos administrativos o judiciales con competencia en materia laboral» la potestad de establecer la responsabilidad correspondiente.
• El artículo 48 enumera las conductas prohibidas y ordena la incorporación a nómina de los trabajadores tercerizados, con inamovilidad hasta que eso ocurra.

De la lectura conjunta de ambas normas, la Sala destaca que la ley no reserva la materia a un único fuero: habilita tanto a la Inspectoría como a los tribunales. Y como la pretensión concreta era el cobro de beneficios laborales derivados de una relación de trabajo presuntamente encubierta, la Sala aplicó el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que atribuye a los tribunales laborales el conocimiento de las reclamaciones por prestaciones e indemnizaciones.

En consecuencia, concluyó que «el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir el presente asunto», revocando el criterio del juzgado consultante y devolviéndole la causa.

II. REGLA DE REPARTO DE COMPETENCIAS

El aporte de esta sentencia no es declarar que hubo tercerización, algo que no hizo ni podía hacer en una consulta de jurisdicción, sino fijar la regla de reparto frente a este tipo de escenarios:

Para contratistas, cooperativas y entidades beneficiarias, el mensaje es que no pueden descartar litigios judiciales de tercerización bajo el argumento de que la materia es exclusivamente administrativa. Para los trabajadores, la sentencia confirma que tienen la vía judicial abierta para el cobro, sin necesidad de agotar previamente un procedimiento ante la Inspectoría.

III. ALCANCE Y CONCLUSIONES

Se trata, en definitiva, de una decisión de carácter estrictamente procesal, sin efecto de cosa juzgada material sobre la existencia de la tercerización denunciada. Su valor está en el criterio de competencia, útil como referencia para casos similares, pero no puede citarse como precedente sobre si Aceros Laminados incurrió o no en fraude laboral, porque eso nunca se llegó a decidir.

Lo interesante del caso, al final, es que revela cuánto tiempo procesal puede consumir una simple discusión de jurisdicción —siete meses entre la declinatoria y la sentencia de la Sala— en un sistema donde la ley reparte competencias entre dos fueros sin trazar una frontera nítida. La regla que deja la Sala es razonable y coherente con el diseño de la LOTTT, pero el caso concreto terminó siendo, en la práctica, una lección sobre procedimiento antes que sobre tercerización.

I. UNIDAD ECONÓMICA Y RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS

La Sala analizó si Laboratorios Elmor y Teva Pharmaceuticals constituyen, en la práctica, una única unidad económica, aun cuando son personas jurídicas distintas. Con base en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), en concordancia con el artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la Sala explicó qué se entiende por grupo de empresas:

«Existe un grupo de empresas cuando se encuentran sometidas a una administración o control común y constituyan una unidad económica de carácter permanente, con independencia de las diversas personas naturales o jurídicas que tengan a su cargo la explotación de las mismas».

Esa existencia, señaló la Sala, se presume salvo prueba en contrario cuando concurre uno o varios de estos supuestos:

• Relación de dominio accionario de unas personas jurídicas sobre otras, o accionistas con poder decisorio comunes.
• Juntas administradoras u órganos de dirección conformados, en proporción significativa, por las mismas personas.
• Uso de una idéntica denominación, marca o emblema.
• Desarrollo conjunto de actividades que evidencien su integración.

Para resolver el caso concreto, la Sala se apoyó en un precedente vinculante: la sentencia N° 0471 del 8 de junio de 2018 (caso Maribel Cuberos Armijo contra Laboratorios Elmor, S.A.). En ese fallo, la Sala ya había dejado establecida la «unidad económica entre la empresas codemandada Laboratorios ELMOR S.A. y Teva Pharmaceuticals USA, Inc.» Además, había señalado que una de las condiciones del contrato de trabajo de aquel caso fue que «la empresa TEVA PHARMACEUTICALS, asumiría la antigüedad que tenía la accionante en la empresa LABORATORIOS ELMOR S. A.».

Trasladando ese criterio al caso de Manzo Borges, la Sala valoró las pruebas del expediente y concluyó:

«Valorando conjuntamente los elementos probatorios que cursan en autos (de los cuales se evidencia que la sociedad mercantil Teva Pharmaceuticals asumió la antigüedad que la accionante acumuló en Laboratorios Elmor S.A.), y a la luz del principio de primacía de la realidad sobre las apariencias, esta Sala de Casación Social concluye que existe una clara vinculación económica entre ambas entidades. En consecuencia, en aras de la tutela efectiva de los derechos de la trabajadora, se determina la existencia de unidad económica entre las empresas demandadas. Así se decide».

Con esta declaratoria de unidad económica, ambas empresas quedan comprendidas dentro del régimen de solidaridad en las obligaciones laborales que el propio fallo invoca desde su planteamiento inicial, al referirse a la finalidad de «establecer la existencia de un grupo de empresas, y su solidaridad en cuanto a las obligaciones laborales», conforme al artículo 46 de la LOTTT.

II. APLICACIÓN TERRITORIAL DE LA LEY LABORAL VENEZOLANA A SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTERIOR

El otro tema central era qué legislación laboral rige cuando una persona es contratada en Venezuela pero luego es trasladada a trabajar en otro país, sin que se interrumpa la relación laboral. La Sala partió del artículo 3 de la LOTTT, que dispone:

«Esta Ley regirá las situaciones y relaciones laborales desarrolladas dentro del territorio nacional […] Las disposiciones contenidas en esta Ley […] rigen a venezolanos, venezolanas, extranjeros y extranjeras con ocasión del Trabajo prestado o convenido en el país […] Igualmente se aplicaran las disposiciones de esta Ley a los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas en Venezuela para prestar servicios en el exterior del país».

A partir de esa norma, la Sala identificó dos principios aplicables:

La Sala recordó que este criterio ya lo había aplicado antes, entre otros, en el caso Gustavo Enrique Pérez Nation contra Procter & Gamble de Venezuela, S.C.A. (sentencia N° 1513, 17 de diciembre de 2012) y en el caso Hugo Fernando Silva Parada contra Autodesk, Inc. (sentencia N° 1202, 23 de noviembre de 2016). Este último precedente muestra el límite exacto de la regla: la Sala aplicó la ley venezolana al período trabajado en Venezuela y también al trabajado en Estados Unidos, «ya que la realización de sus funciones en ese país se convino en Venezuela», pero declaró improcedente su aplicación respecto al período laborado en Ciudad de México, «por cuanto sus labores no fueron ejecutadas ni convenidas en Venezuela».

Asimismo, la Sala indicó que, bajo el principio de autonomía de la voluntad, las partes pueden pactar en Venezuela que el servicio se preste en el extranjero, en cuyo caso rige la ley venezolana. La única excepción es que la ley extranjera resulte más favorable, caso en el cual esta prevalece, «cediendo así la ley laboral nacional».

Aplicando este marco al caso concreto, la Sala concluyó que el trabajo de la demandante fue tanto prestado como convenido en Venezuela, por lo que, al encuadrar en los dos supuestos previstos en el artículo 3, la relación quedó regulada en su totalidad por las leyes venezolanas.

III. ALCANCE Y RELEVANCIA DE LA SENTENCIA PARA EL DERECHO LABORAL VENEZOLANO

La sentencia consolida dos líneas doctrinales de la Sala de Casación Social con relevancia práctica para el litigio laboral:

En primer lugar, en materia de “grupos de empresas”, el fallo reafirma que la personalidad jurídica individual de cada sociedad mercantil no constituye un límite oponible frente al trabajador cuando concurren los elementos fácticos previstos en el artículo 46 de la LOTTT y el artículo 22 de su Reglamento. La presunción de unidad económica, de naturaleza “iuris tantum”, opera como mecanismo de imputación conjunta de las obligaciones laborales, impidiendo el fraccionamiento artificial de responsabilidades entre entidades vinculadas por control accionario, dirección común o integración operativa. La consecuencia jurídica es la solidaridad pasiva entre las codemandadas, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas jurídicas.

En segundo lugar, en materia de “conflicto de leyes en el espacio”, el fallo delimita con precisión el ámbito de aplicación territorial del artículo 3 de la LOTTT, articulando los principios de “lex loci executionis” y “lex loci celebrationis” como criterios de conexión autónomos y no excluyentes. De la ratio decidendi se desprende que basta con que el vínculo laboral haya sido “convenido” en territorio venezolano, con independencia del lugar de ejecución posterior, para que la legislación laboral venezolana, de orden público y carácter tuitivo, rija la totalidad de la relación de trabajo, salvo que la ley extranjera resulte más favorable al trabajador, en cuyo caso prevalece por aplicación casuística del principio de progresividad.

En conjunto, ambos criterios operan como garantías del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales frente a estructuras corporativas transnacionales, evitando que la fragmentación societaria o la deslocalización del servicio se utilicen como mecanismos de elusión de responsabilidades patronales.

1. MARCO NORMATIVO

El primer instrumento normativo es la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.770 del 29 de noviembre de 2023 (LAA). Conforme a su artículo 1, esta Ley tiene por objeto establecer el marco normativo para la autorización, regulación, funcionamiento, control, supervisión y vigilancia de la actividad aseguradora, en tutela del interés general representado por los derechos y garantías de los tomadores, asegurados, beneficiarios, contratantes, usuarios y afiliados, según corresponda.

El segundo instrumento normativo es la Providencia Administrativa N° SAA-01-0483-2024, dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.835 del 3 de septiembre de 2024, contentiva de las Normas Relativas a la Constitución, Tratamiento y Liberación de la Reserva para Riesgos Catastróficos. Esta providencia desarrolla de manera específica los mecanismos de constitución, el tratamiento aplicable en caso de reaseguro y los modos de liberación de la reserva para riesgos catastróficos.

2. RIESGO, SINIESTRO Y RIESGOS CATASTRÓFICOS

El artículo 4, numeral 23, de la LAA define el riesgo como la posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que no dependa exclusivamente de la voluntad del tomador, asegurado, beneficiario, contratante, usuario o afiliado, que ocasione una necesidad económica, y cuya aparición real o existencia se previene y garantiza en el contrato. Esta definición es relevante porque los desastres naturales sólo adquieren relevancia aseguradora cuando el riesgo correspondiente ha sido efectivamente asumido en el contrato.

El artículo 4, numeral 26, de la LAA define el siniestro como la materialización del riesgo que da origen a la obligación de indemnizar por parte de la empresa de seguros, medicina prepagada o administradora de riesgos. Esta distinción es fundamental: no basta la ocurrencia material de un terremoto, una inundación u otro evento natural; debe verificarse si ese evento constituye un riesgo cubierto por el contrato y si, además, se cumplieron las condiciones contractuales y legales que activan la obligación de indemnizar.

El artículo 38 de la LAA dispone que las empresas de seguros, de reaseguros y de medicina prepagada constituirán y mantendrán una reserva para los riesgos cubiertos por el respectivo contrato cuyo efecto, en caso de siniestro, puede ser de carácter catastrófico. La norma enumera, entre otros, terrorismo, explosiones, motín, disturbios, daños maliciosos y los que se califican de forma general como catástrofes naturales: terremoto, maremoto, tsunami, inundación, movimientos de masas, flujos torrenciales, huracanes, eventos climáticos, incluida cualquier circunstancia o evento que afecte la actividad agropecuaria.

La Providencia Administrativa N° SAA-01-0483-2024 complementa y desarrolla esta regulación; su artículo 3 define como riesgos catastróficos, entre otros, los siguientes: daños maliciosos, disturbios laborales, eventos climáticos o meteorológicos, explosión, flujos torrenciales, huracán, inundación, maremoto, motín y disturbio popular, movimientos de masas, riesgos agropecuarios, terremoto, terrorismo, tornado y tsunami. La misma norma prevé que la SUDEASEG podrá considerar de carácter catastrófico otros riesgos amparados por los contratos, lo que le otorga al organismo supervisor un margen de actualización técnica sin necesidad de modificar el instrumento normativo.

3. RESERVA PARA RIESGOS CATASTRÓFICOS

El artículo 32 de la LAA enumera los tipos de reservas técnicas que las empresas de seguros, de reaseguros y de medicina prepagada deben constituir y mantener, e incluye expresamente las reservas para riesgos catastróficos como una categoría autónoma.

El artículo 38 de la LAA desarrolla esta obligación al establecer que la reserva será equivalente al treinta por ciento (30%) de las primas o cuotas puras o de riesgo retenidas, por los riesgos nombrados en dicho artículo, correspondientes a períodos transcurridos. Los artículos 5 y 8 de la Providencia Administrativa N° SAA-01-0483-2024 precisan que ese porcentaje aplica por cada una de las coberturas, básicas u opcionales, que amparen los riesgos catastróficos, y que todo cálculo relativo a esta reserva se efectuará sobre los riesgos ubicados en el territorio nacional.

El artículo 4 de la Providencia Administrativa N° SAA-01-0483-2024 organiza los riesgos catastróficos en grupos independientes a efectos del cálculo de la reserva: riesgo de terremoto; riesgos climáticos o meteorológicos; riesgos agropecuarios; riesgo de terrorismo; riesgo de explosión; y riesgos de motín, disturbios populares, disturbios laborales y daños maliciosos. Esta clasificación determina la manera en que cada aseguradora debe calcular, controlar y reportar su posición técnica frente a cada categoría de riesgo catastrófico.

El saldo de la reserva para riesgos catastróficos está sujeto a un límite máximo. Conforme al artículo 38 de la LAA y al artículo 8 de la Providencia Administrativa N° SAA-01-0483-2024, ese límite es un monto equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la Pérdida Máxima Probable Retenida Promedio correspondiente a los últimos cinco (5) ejercicios económicos. Adicionalmente, las empresas que durante el ejercicio inmediatamente anterior manejen una siniestralidad incurrida igual o menor al treinta por ciento (30%) en los ramos que amparen estos riesgos deben incrementar la reserva en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del resultado técnico obtenido en dichos ramos.

El artículo 40 de la LAA establece que, para efectos de las reservas para riesgos catastróficos, sólo podrán considerarse los bienes o derechos previstos en sus numerales 1, 2 y 5. El numeral «1» comprende los depósitos en moneda nacional o extranjera, en bancos o instituciones financieras domiciliados en el país y contemplados en la ley especial que regula la materia bancaria, que no sean empresas filiales, afiliadas o relacionadas del sujeto regulado. El numeral «2» comprende los títulos valores denominados en moneda nacional o extranjera, emitidos o garantizados por la República, por otros sujetos de derecho público nacional, o emitidos por instituciones o empresas en los cuales tengan participación esos entes, siempre que estén custodiados por una institución financiera del sector bancario o del mercado de valores, de carácter público. El numeral «5» comprende otros activos o derechos nacionales expresamente autorizados por SUDEASEG.

Por su parte, el artículo 42 de la LAA dispone que las empresas de seguros, de reaseguros y de medicina prepagada no podrán representar las reservas para riesgos catastróficos en bienes inmuebles ni en préstamos hipotecarios.

La liberación de la reserva no opera de manera automática ni unilateral. El artículo 15 de la Providencia Administrativa N° SAA-01-0483-2024 prevé que, cuando el saldo de la reserva al cierre del ejercicio económico supere el límite máximo establecido, las empresas podrán liberar el monto en exceso únicamente previa autorización de la SUDEASEG. El artículo 16 de la misma providencia dispone que las empresas de seguros, de reaseguros y de medicina prepagada destinarán el dos por ciento (2%) del monto liberado al Fondo de Reservas Catastróficas Nacional, administrado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, lo que establece un mecanismo de solidaridad sistémica frente a eventos de magnitud excepcional.

4. PÓLIZAS, COBERTURA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES

La LAA no establece que la cobertura de desastres naturales sea automática ni universal. El artículo 29 dispone que las condiciones generales, condiciones particulares, cuadros recibos o cuadros pólizas, solicitudes, finiquitos o recibos de indemnización, notificaciones de siniestros, anexos, arancel de comisiones, bonos, planes de estímulos y demás documentos, así como las tarifas, utilizados por los sujetos regulados en sus relaciones comerciales con ocasión de los contratos de seguros o de medicina prepagada, deben ser aprobados previamente por la SUDEASEG, quien decidirá sobre la solicitud de aprobación en un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles.

Debe tenerse presente, no obstante, que el artículo 6, numeral «10», de la LAA faculta a la SUDEASEG para permitir, mediante normas de carácter general, el uso de pólizas, tarifas y demás documentos sin aprobación previa cuando las condiciones jurídicas y económicas lo justifiquen. En consecuencia, desde el punto de vista técnico-jurídico, debe hablarse de documentos aprobados o autorizados conforme a la normativa aplicable vigente, según corresponda en cada caso.

El terremoto, la inundación, los movimientos de masas, los flujos torrenciales, los huracanes, el tornado y los demás riesgos catastróficos pueden estar contemplados como cobertura básica de la póliza, como cobertura adicional sujeta al pago de una prima complementaria, mediante un anexo especial que requiere ser contratado expresamente, o pueden estar excluidos total o parcialmente. La determinación concreta no puede presumirse ni inferirse de la sola existencia de la póliza: debe verificarse en el texto del contrato vigente, en los anexos aplicables, en las condiciones de cobertura, en las exclusiones, en los deducibles y en los límites de indemnización.

5. ASPECTOS QUE DEBE VERIFICAR EL ASEGURADO ANTES DE RECLAMAR

Ante la ocurrencia de un evento que pueda tener carácter catastrófico, el tomador, asegurado o beneficiario debe verificar, como mínimo, los siguientes aspectos antes de presentar su reclamo: la vigencia de la póliza al momento del siniestro; la inclusión expresa del riesgo ocurrido dentro de las coberturas contratadas; la existencia de anexos o condiciones particulares aplicables; el pago oportuno de la prima correspondiente a ese riesgo; la suma asegurada para esa cobertura; los límites de indemnización pactados; los deducibles específicos para riesgos catastróficos; la identificación precisa de los bienes asegurados; las exclusiones aplicables; el procedimiento de notificación del siniestro y su lapso; los recaudos exigidos para formalizar el reclamo; y los lapsos contractuales para la presentación de la reclamación.

Una revisión incompleta de la póliza puede generar expectativas de cobertura que no se correspondan con el texto del contrato. Desde el punto de vista jurídico, la reclamación debe construirse sobre cuatro elementos verificables: el riesgo efectivamente cubierto en el contrato; la ocurrencia del siniestro conforme a la definición del artículo 4, numeral «26», de la LAA; el nexo causal entre el evento y los daños reclamados; y el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales del tomador, asegurado o beneficiario. La ausencia de cualquiera de estos elementos puede comprometer el éxito de la reclamación.

6. INDEMNIZACIÓN, RECHAZO MOTIVADO Y PROHIBICIÓN DE ARGUMENTOS GENÉRICOS

El artículo 123 de la LAA establece que las empresas de seguros, de medicina prepagada y administradoras de riesgos están obligadas a hacer efectivas las indemnizaciones en un plazo máximo de veinte (20) días continuos siguientes, contados a partir de la fecha en que se haya entregado el último recaudo o del informe de ajuste de pérdidas, si fuese el caso, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa por retardo en el cumplimiento de sus obligaciones.

La misma disposición exige que, dentro de ese mismo lapso, la empresa notifique por escrito al tomador, asegurado, beneficiario, contratante, usuario o afiliado las causas de hecho y de derecho que justifican el rechazo total o parcial de la indemnización exigida, siendo que el incumplimiento de esta obligación genera la correspondiente responsabilidad administrativa. La propia norma prevé que lo dispuesto en ese artículo aplica igualmente en los casos de fianzas emitidas por las empresas de seguros.

El artículo 25, numeral «12», de la LAA prohíbe a los sujetos regulados rechazar el pago de indemnizaciones con argumentos genéricos, sin exponer claramente las razones de hecho y de derecho en que se basan para considerar que el pago reclamado no es procedente, precisando que no basta la simple indicación de la cláusula del contrato o norma legal que a su juicio la exonera de su responsabilidad.

En materia de desastres naturales, esta prohibición es de especial relevancia: la aseguradora puede invocar una exclusión, un límite, un deducible o una condición contractual para rechazar total o parcialmente un reclamo, pero ese rechazo debe estar debidamente motivado, vincular los hechos del siniestro con la norma contractual o legal aplicable y no puede limitarse a una referencia formal o genérica.

CONCLUSIÓN

El régimen asegurador venezolano reconoce determinados riesgos que pueden tener carácter catastrófico cuando estén cubiertos por el respectivo contrato, entre ellos se encuentran, conforme a la Ley y a la Providencia Administrativa N° SAA-01-0483-2024, el terremoto, el maremoto, el tsunami, la inundación, los movimientos de masas, los flujos torrenciales, los huracanes, los eventos climáticos o meteorológicos, los eventos que afecten la actividad agropecuaria, el tornado, la explosión, el terrorismo, el motín, los disturbios populares, los disturbios laborales y los daños maliciosos.

La cobertura de cualquiera de estos eventos no es automática. Depende del contrato de seguro celebrado, de las condiciones aplicables, de las exclusiones incorporadas, de los anexos contratados, de las sumas aseguradas y de los deducibles pactados, así como del cumplimiento de los recaudos y lapsos exigidos para la tramitación del reclamo.

En paralelo, cuando tales riesgos son asumidos contractualmente y pueden producir efectos catastróficos, las empresas obligadas deben constituir, mantener, representar y, cuando corresponda, liberar la reserva para riesgos catastróficos conforme a la Ley y a la normativa SUDEASEG aplicable, lo que implica un respaldo financiero real frente a los siniestros de mayor magnitud.

El asegurado cuenta con herramientas legales concretas para hacer valer sus derechos: exigir que la póliza y sus anexos estén ajustados a la normativa vigente; presentar el reclamo con todos los recaudos; exigir respuesta dentro del plazo legal de veinte (20) días continuos; y cuestionar fundadamente cualquier rechazo que no exponga de manera clara y específica las razones de hecho y de derecho que lo sustentan.

1. EL MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA DE PATENTES EN VENEZUELA

1.1. La Ley de Propiedad Industrial de 1955: vigencia y limitaciones estructurales

La Ley de Propiedad Industrial venezolana fue sancionada por el Congreso de la República el 29 de agosto de 1955, promulgada mediante «Ejecútese» presidencial el 2 de septiembre de 1955 y publicada originalmente en la Gaceta Oficial N° 24.873 del 14 de octubre de 1955. Leonel Salazar Reyes-Zumeta ha precisado con rigor histórico que la denominación correcta de la ley es la de 1955 y no 1956, como erróneamente se reitera en numerosos escritos académicos, pues la publicación del año 1956 en la Gaceta Oficial N° 25.227, del 10 de diciembre de 1956, correspondió únicamente a una reimpresión por agotamiento de la primera edición, conforme consta expresamente en el Sumario de dicha publicación.
Esta ley regula, en sus disposiciones sustantivas, las patentes de invención, las patentes de mejora, los modelos y dibujos industriales, y las marcas comerciales. En materia de patentes, el artículo 14 delimita el objeto patentable mediante una enunciación positiva que incluye: (1) todo producto nuevo, definido y útil; (2) toda nueva máquina, herramienta o instrumento de uso industrial o de aplicación medicinal, técnica o científica; (3) toda nueva aplicación industrial de medios conocidos para obtener un resultado o producto nuevos; y (4) los nuevos procedimientos para la preparación de materia u objetos de uso industrial o comercial.
El artículo 15 de la ley establece exclusiones de la patentabilidad que no se alinean con las categorías contempladas en el Acuerdo ADPIC. Destacan, en particular, la ausencia de protección para: (i) los circuitos integrados y esquemas de trazado; (ii) los modelos de utilidad como categoría autónoma; (iii) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos; y (iv) los programas de ordenador. Asimismo, la ley de 1955 no prevé ningún mecanismo de licencias obligatorias de alcance análogo al artículo 31 del ADPIC.
En cuanto al plazo de protección, la ley de 1955 establece en su artículo 9 que las patentes se expiden «por cinco o diez años a voluntad del solicitante». Este plazo resulta incompatible con el artículo 33 del ADPIC, que fija un mínimo de veinte (20) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. La ley vigente no consagra este estándar mínimo, lo que genera inseguridad jurídica tanto para los titulares de patentes como para quienes acceden al dominio público de las invenciones.
Ignacio de León advirtió, en el contexto del análisis de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que la ausencia de una protección efectiva de los derechos de propiedad industrial constituye un desincentivo estructural para la inversión extranjera directa, señalando que «el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos es justamente la uniformidad de su ordenamiento jurídico». Esta observación, formulada en la década de los noventa, mantiene plena vigencia frente a la situación actual del ordenamiento venezolano.

1.2. La denuncia del Acuerdo de Cartagena y sus consecuencias normativas

La denuncia del Acuerdo de Cartagena por Venezuela, anunciada el 19 de abril de 2006 y formalizada el 22 de abril de ese año por el entonces Presidente de la República, implicó la desactivación, cinco años después, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que regulaba el régimen común de propiedad industrial. Este instrumento, vigente desde el 14 de septiembre de 2000, había incorporado a Venezuela en un estándar normativo armonizado con el derecho de la Unión Europea y de la OMPI, dotando al sistema nacional de instituciones modernas: el diseño industrial unificado, la protección de secretos empresariales, las denominaciones de origen, las licencias obligatorias de amplio espectro y los mecanismos de observancia reforzada.
La Decisión 486 representa el instrumento de propiedad industrial más completo adoptado por la Comunidad Andina. Sus 291 artículos regulan de manera sistemática las patentes de invención (artículos 14 al 80), los modelos de utilidad (artículos 81 al 92), los diseños industriales (artículos 113 al 131), los secretos empresariales (artículos 260 al 266), las marcas y signos distintivos (artículos 134 al 224), las denominaciones de origen (artículos 201 al 220) y las indicaciones geográficas. Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, Estados miembros actuales de la CAN, continúan aplicando este régimen como derecho comunitario de aplicación directa y preferente sobre la legislación interna. La salida de Venezuela implicó, por consiguiente, el retorno a un régimen nacional radicalmente inferior en su cobertura y modernidad.
Como consecuencia directa del retiro de la Comunidad Andina, Carolina Lourdes Rodríguez Aguilera y Aura Esther Troconis Troconis documentaron la pérdida de beneficios concretos: la desaparición de la potestad administrativa del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) para dictar medidas cautelares y la desprotección de los circuitos integrados, entre otros. Debe precisarse, además, que el plazo de uso exclusivo de una marca pasó de diez (10) años plazo establecido por la Decisión 486 a quince (15) años, previsto en el artículo 30 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955; es decir, el plazo aumentó numéricamente al volver a la ley nacional, aunque el régimen andino era más moderno en sus condiciones de renovación, observancia y publicidad registral.
Desde el punto de vista del derecho internacional, la Comunicación del SAPI del 12 de septiembre de 2008 restauró formalmente la aplicación íntegra de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, con la salvedad de que sus disposiciones no deben contrariar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999. Esta cláusula de compatibilidad constitucional adquiere relevancia en virtud del artículo 98 de la CRBV que reconoce y protege la propiedad intelectual y del artículo 124, que garantiza los derechos de propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas, prohibiendo expresamente el registro de patentes sobre conocimientos y recursos ancestrales.

1.3. El marco jurídico internacional vinculante para Venezuela

Venezuela mantiene obligaciones internacionales en materia de patentes derivadas de los siguientes instrumentos: (i) el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su versión enmendada de Estocolmo (1967); (ii) el Acuerdo ADPIC, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech que establece la OMC, aprobado mediante Ley Aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial N.° 4.829 Extraordinario del 29 de diciembre de 1994; y (iii) el Convenio que establece la OMPI (1967). El Arreglo de Estrasburgo (1971) sobre clasificación internacional de patentes y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) no han sido suscritos por Venezuela.
El Acuerdo ADPIC representa el umbral mínimo internacional obligatorio. Su artículo 27.1 exige que los Estados miembros otorguen patentes para las invenciones, tanto de productos como de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. El ordenamiento venezolano de 1955 satisface parcialmente estos requisitos en lo que respecta a las invenciones de procedimientos industriales, pero presenta graves insuficiencias en cuanto a la protección de invenciones de productos farmacéuticos y en lo que atañe a los criterios de novedad absoluta.
Las flexibilidades del ADPIC especialmente las licencias obligatorias (artículo 31) y las excepciones limitadas a los derechos de patente (artículo 30) representan herramientas de política pública que Venezuela podría aprovechar en una nueva legislación, particularmente en sectores estratégicos como la salud pública y la seguridad alimentaria. Carlos M. Correa ha señalado que el margen de autonomía normativa del ADPIC es más amplio de lo que frecuentemente se reconoce, destacando que la Declaración de Doha de 2001 reafirmó expresamente el derecho de los Miembros de la OMC a utilizar esas flexibilidades en beneficio de la salud pública.

2. DESAFÍOS JURÍDICOS: LA NECESARIA ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA

2.1. Insuficiencias de la ley vigente frente al estándar OMPI

La brecha entre la Ley de Propiedad Industrial de 1955 y los estándares contemporáneos de la OMPI puede sistematizarse en cinco áreas críticas.
Primera: ausencia de protección autónoma para modelos de utilidad. La Decisión 486 de la CAN (artículos 81 al 92) y las legislaciones latinoamericanas vigentes Argentina (Decreto-Ley N° 6.673/63), Colombia (vía Decisión 486), México (Ley de la Propiedad Industrial de 1991, reformada en 2020)— contemplan esta figura, que protege las invenciones de menor nivel inventivo, pero de aplicación industrial directa. El ordenamiento venezolano de 1955 fusiona esta categoría con los «modelos industriales», generando confusiones conceptuales con los diseños industriales que vulneran la sistematicidad que debe caracterizar todo ordenamiento jurídico moderno.
Segunda: restricción en el campo de patentabilidad farmacéutica. El artículo 15 de la ley de 1955 excluye de la patentabilidad, entre otros objetos, los medicamentos. Esta exclusión es contraria al artículo 27.1 del ADPIC, que no admite discriminación por campo tecnológico. Si bien el ADPIC permite invocar la excepción de salud pública del artículo 31 y la Declaración de Doha de 2001, ello requiere una regulación expresa y transparente que el ordenamiento vigente no provee.
Tercera: inexistencia de medidas cautelares administrativas. El SAPI carece de potestad para adoptar medidas cautelares de protección urgente, función que sí tenía bajo la Decisión 486 (artículos 243 al 256). Esta carencia obliga a los titulares a acudir a la jurisdicción ordinaria, con los costos de transacción y las demoras que ello implica.
Cuarta: plazo de protección insuficiente. Como se indicó, la ley de 1955 establece plazos de cinco o diez años (artículo 9), en tanto el artículo 33 del ADPIC fija un mínimo de veinte (20) años. Esta discrepancia genera inseguridad jurídica para los titulares de derechos y para quienes acceden al dominio público.
Quinta: ausencia de protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados. El artículo 35 del ADPIC exige la protección de estos derechos conforme al Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Tratado de Washington o IPIC, 1989), obligación que la Ley de Propiedad Industrial de 1955 no atiende.

2.2. La adhesión al PCT como vía de modernización

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por la OMPI con sede en Ginebra, es el instrumento multilateral que permite a un solicitante presentar una única solicitud internacional de patente con efectos en los Estados parte. Al 1 de abril de 2026, el PCT cuenta con 158 Estados contratantes, lo que lo convierte en el sistema más extendido de protección internacional de invenciones. En 2023 se presentaron aproximadamente 272.600 solicitudes PCT a nivel mundial, cifra que confirma la centralidad de este instrumento en el sistema global de patentes.
Venezuela no es parte del PCT. Esta situación coloca al país en desventaja respecto de todos sus principales socios comerciales y competidores regionales: Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y México se han adherido al tratado. La no-adhesión implica que los inventores venezolanos deben presentar solicitudes nacionales independientes en cada jurisdicción donde deseen obtener protección, con los costos y dificultades administrativas que ello conlleva.
La adhesión al PCT requeriría, como condición previa, la actualización del régimen venezolano de patentes para ajustarlo a las exigencias del Reglamento del PCT en particular, las normas sobre novedad absoluta, los plazos del Capítulo I y del Capítulo II del tratado y la habilitación de la oficina nacional como autoridad receptora. Esta actualización no puede concretarse sin la reforma legislativa integral del ordenamiento interno.

2.3. La parálisis legislativa: diagnóstico y causas

Los intentos de actualización legislativa en materia de propiedad industrial en Venezuela han sido reiterados y sistemáticamente infructuosos. Desde los debates parlamentarios de la década de los noventa del siglo pasado, pasando por los proyectos de ley presentados durante la vigencia de la Decisión 486, hasta las consultas promovidas por el SAPI con posterioridad al año 2008, ninguna iniciativa ha culminado en la promulgación de una nueva ley.
Ignacio de León identificó que la principal disfuncionalidad del sistema venezolano no radicaba exclusivamente en la obsolescencia normativa, sino en la «absoluta incertidumbre jurídica» generada por la coexistencia de normas de distinta jerarquía y origen, lo que desestimula estructuralmente la inversión. Esta observación, formulada en el análisis de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, adquirió mayor agudeza con la denuncia de 2006 y la consiguiente pérdida del respaldo normativo andino.
La ausencia de un sistema de monitoreo estadístico confiable sobre la actividad registral del SAPI ante la OMPI constituye un indicador adicional de la debilidad institucional del sistema. Elsi Jiménez y Rubén García documentaron que, según los datos de la OMPI para el período 1997-2011, el perfil estadístico de Venezuela registra años sin reporte de solicitudes de patentes de residentes, lo que indica que el SAPI no informaba sistemáticamente al organismo internacional sobre la actividad registral nacional. Este comportamiento institucional profundiza el aislamiento de Venezuela del sistema global de indicadores de propiedad intelectual.

3. DESAFÍOS TECNOLÓGICOS: NUEVAS FORMAS DE CREACIÓN Y SU PROTECCIÓN

3.1. La inteligencia artificial y la patentabilidad de sus creaciones

Una de las cuestiones más urgentes en el derecho contemporáneo de patentes es la relativa a la protección de invenciones generadas mediante inteligencia artificial (IA). El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes de la OMPI (Standing Committee on the Law of Patents, SCP), en su trigésima sexta sesión celebrada en octubre de 2024, deliberó sobre el diseño de un plan de trabajo para explorar opciones de política en materia de sistemas de patentes impulsados por la IA. En ese marco se identificaron como cuestiones centrales los estándares de patentabilidad aplicables, en particular el nivel inventivo y el estándar de la persona «versada en la materia» y la necesidad o no de personalidad jurídica para satisfacer el requisito de «inventor» en el sentido de los convenios internacionales.
El caso DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) ilustra la dimensión jurídica de este debate. Se trata de un sistema de inteligencia artificial desarrollado por el Dr. Stephen Thaler, a nombre del cual se presentaron solicitudes de patente en varias jurisdicciones con el sistema como inventor designado. Las autoridades de patentes del Reino Unido, la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO) rechazaron dichas solicitudes al concluir que el inventor debe ser una persona natural. El Tribunal Supremo del Reino Unido, en su sentencia de 20 de diciembre de 2023 (Thaler v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks, [2023] UKSC 49), ratificó que la ley exige un inventor humano, criterio que refleja la posición dominante en el derecho comparado.
El ordenamiento venezolano de 1955 no contempla ningún criterio sobre la autoría de invenciones asistidas por IA. Ante esta laguna, una nueva ley venezolana deberá posicionarse respecto a este debate, de preferencia adoptando la solución mayoritaria internacional: el inventor debe ser una persona natural, sin perjuicio de que las personas jurídicas puedan ser titulares de la patente por cesión o por el vínculo laboral, conforme a los artículos 320 al 329 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) de 2012.

3.2. Biodiversidad, conocimientos tradicionales y recursos genéticos

Venezuela posee una significativa diversidad biológica, cultural y geográfica, con potencial incidencia directa en la protección de recursos genéticos, conocimientos tradicionales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. El artículo 124 de la CRBV garantiza los derechos de propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas y prohíbe expresamente el registro de patentes sobre esos recursos y conocimientos ancestrales. La Ley de Diversidad Biológica (Gaceta Oficial N° 5.468 Extraordinario, 24 de mayo de 2000) y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Gaceta Oficial N° 38.344, 27 de diciembre de 2005) desarrollan esta protección constitucional en el ámbito interno.
Sin embargo, la articulación de estas normas con el régimen de patentes es inexistente en la ley de 1955. El ordenamiento vigente no contempla disposiciones sobre divulgación del origen de recursos genéticos, ni requisitos de consentimiento informado previo, ni mecanismos de distribución equitativa de beneficios. Esta carencia es relevante en el contexto global, en el que la OMPI negocia un instrumento jurídico internacional sobre recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales en el marco de su Comité Intergubernamental (CIG). La ausencia de articulación interna expone al país al riesgo de que sus recursos genéticos y conocimientos tradicionales sean apropiados mediante solicitudes de patentes presentadas en otras jurisdicciones.

3.3. El rezago en la digitalización del sistema registral

En materia de signos distintivos, el SAPI implementó, mediante el Aviso Oficial N° DG-001-2020 del 7 de febrero de 2020, la aplicación exclusiva de la Clasificación Internacional de Niza (versión NCL11-2020) para el registro de marcas, abandonando el sistema clasificatorio nacional previsto en la ley de 1955. Esta medida administrativa que armoniza parcialmente el sistema de marcas con los estándares de la OMPI pone de relieve una paradoja institucional: el SAPI aplica de facto normas internacionales de clasificación por vía reglamentaria, mientras el instrumento legal sustantivo permanece anclado en 1955.
En materia de patentes, la digitalización del Boletín de Propiedad Industrial y la habilitación del Boletín Digital del SAPI constituyen avances en la publicidad registral. Sin embargo, la ausencia de integración con las bases de datos de la OMPI en particular con PATENTSCOPE, el sistema de búsqueda de solicitudes PCT limita severamente la proyección internacional del sistema venezolano y reduce la visibilidad de las invenciones nacionales ante los examinadores y los operadores jurídicos extranjeros.

4. DESAFÍOS ECONÓMICOS: PATENTES, INVERSIÓN E INNOVACIÓN

4.1. La relación entre protección de patentes e inversión

La teoría económica del derecho de patentes, desarrollada por William D. Nordhaus en su obra Invention, Growth, and Welfare: A Theoretical Treatment of Technological Change (Cambridge: MIT Press, 1969), y enriquecida posteriormente por William M. Landes y Richard A. Posner en The Economic Structure of Intellectual Property Law (Cambridge: Harvard University Press, 2003), sostiene que el monopolio temporal otorgado por la patente genera los incentivos necesarios para que los agentes económicos incurran en los costos y riesgos de la actividad inventiva. La pregunta relevante para Venezuela no es si proteger las patentes, sino cómo diseñar el sistema para que la protección sirva simultáneamente a los incentivos a la innovación y al acceso ciudadano al conocimiento.
Ignacio de León señaló que «el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos es justamente la uniformidad de su ordenamiento jurídico, es decir, que los agentes económicos conozcan de antemano que su conducta es lícita o ilícita; porque esta situación de absoluta incertidumbre jurídica lo que genera es desestímulo a la inversión». Esta observación adquiere especial relevancia en el contexto venezolano actual, donde la inversión extranjera directa en sectores intensivos en conocimiento es prácticamente inexistente.
A nivel comparado, el Informe sobre los Indicadores Mundiales de Propiedad Intelectual de la OMPI correspondiente al año 2023 documenta que la India alcanzó un crecimiento del 15,7% en solicitudes de patentes, completando el quinto año consecutivo de crecimiento superior al 10%. Este dato ilustra la correlación entre sistemas de patentes consolidados y crecimiento en la actividad inventiva. Venezuela, en contraste, destinó según el Ministerio de Ciencia e Innovación (MINCI) un 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a ciencia y tecnología en el año 2013, cifra comparable a la de Japón o Francia, pero obtuvo una producción de patentes prácticamente nula en ese mismo período, lo que revela una profunda disfunción institucional que trasciende la insuficiencia presupuestaria.

4.2. Las denominaciones de origen y su valor estratégico

Venezuela cuenta al 1 de junio de 2026 con dieciocho signos distintivos territoriales registrados ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI): tres denominaciones de origen y quince indicaciones geográficas protegidas.
Las tres denominaciones de origen fueron otorgadas durante la membresía de Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones y se mantienen vigentes mediante renovaciones sucesivas: Cacao de Chuao (Resolución N° 2006, Boletín N° 443, 22 de noviembre de 2000, renovada en 2016); Cocuy de Pecaya denominación oficial conforme al acto de concesión (Resolución N° 0287, Boletín N° 445, 1 de junio de 2001, renovada en 2016); y Ron de Venezuela (Resolución N° 798, Boletín N° 459, 4 de noviembre de 2003, renovada en 2019). Una cuarta solicitud Café Grano de Oro de Biscucuy quedó inconclusa al producirse la denuncia del Acuerdo de Cartagena en 2006.

A partir de 2021, el SAPI retomó y amplió el otorgamiento de signos distintivos territoriales bajo la figura de las indicaciones geográficas protegidas (IGP). Al 1 de junio de 2026 ha concedido quince: Cocuy Larense (Boletín N° 609-610, 2021, estado Lara); Cacao Carenero (Boletín N° 609, 2021, Barlovento, Miranda); Cacao Caripito (Boletín N° 612, 2021, Monagas); Café de Boconó (Boletín N° 619, 2022, Trujillo); Cacao de Choroní (Boletín N° 619, 2022, Aragua); Cacao de Patanemo (Boletín N° 625, 2023, Carabobo); Café de Mérida (Boletín N° 625, 2023, Mérida); Ají Margariteño (Boletín N° 629, 2024, Nueva Esparta); Miel de Kavitepuy Gran Sabana (Boletín N° 630, 2024, estado Bolívar); Aguacate de Yaracuy (Boletín N° 636, 2024, Yaracuy); Café de Miranda (Boletín N° 640, 2025, Miranda); Pan de Táchira (Boletín N° 640, 2025, Táchira); Queso de Cabra de Lara (Boletín N° 645, 2025, Lara); Café de Lara (Boletín N° 648, 2025, Lara); y Cacao de Barinas (Boletín N° 652, abril de 2026, estado Barinas).

Este desarrollo registral, positivo en términos de actividad institucional, revela al mismo tiempo la principal deficiencia del ordenamiento venezolano: la Ley de Propiedad Industrial de 1955 no regula las denominaciones de origen ni las indicaciones geográficas como categorías autónomas. El SAPI tramita estos registros aplicando por analogía el procedimiento de marcas comerciales, tal como reconoce expresamente en su página oficial, solución que carece de la base normativa necesaria para garantizar la seguridad jurídica de los titulares y la oponibilidad plena de sus derechos.

Desde el punto de vista jurídico, la denominación de origen protege un producto cuya calidad se debe exclusiva o esencialmente al medio geográfico, conforme al artículo 2 del Arreglo de Lisboa (1958); la indicación geográfica protegida exige únicamente que esa calidad sea imputable fundamentalmente a su origen, conforme al artículo 22 del Acuerdo ADPIC. Ninguna de estas categorías, ni la marca colectiva ni la marca de certificación, están reguladas de manera diferenciada en la ley vigente, lo que refuerza la necesidad de la reforma legislativa integral propuesta en este artículo. La diversidad de los dieciocho registros vigentes acredita el potencial venezolano en esta materia y la urgencia de dotarlo de un marco normativo moderno y eficaz.

4.3. La propiedad industrial en el marco de la LOTTT y la LOCTI

El régimen venezolano de propiedad industrial no puede analizarse de forma aislada de otras normas que inciden sobre la titularidad y la explotación del conocimiento. La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) de 2012 establece en sus artículos 320 al 329 un régimen de propiedad de las invenciones de los trabajadores que se aparta del modelo predominante: las invenciones financiadas íntegramente con presupuesto público se declaran de dominio público, lo que desincentiva a las universidades y centros de investigación estatales a tramitar solicitudes de patentes. Este régimen colide con el artículo 3 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, que preserva el derecho de propiedad del registrante sobre su invento.
La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI, 2010) confirma, en sus artículos 19, 20 y 21, la autoridad rectora del SAPI en materia de propiedad intelectual. Su artículo 27 supedita la prioridad del Estado a proyectos de innovación «con participación nacional en los derechos de propiedad intelectual». Esta disposición, correctamente interpretada, debería incentivar la protección por vía de patentes; no obstante, la ausencia de mecanismos operativos y de incentivos fiscales concretos la convierte en una norma programática de efecto práctico limitado.

5. PROPUESTAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE PATENTES VENEZOLANO

5.1. Reforma legislativa integral: lineamientos mínimos

Una nueva Ley de Propiedad Industrial venezolana debe incorporar, como mínimo, los siguientes elementos para cumplir con los estándares de la OMPI y superar las deficiencias del ordenamiento de 1955:
(i) Consagrar expresamente el plazo de veinte (20) años de protección de patentes desde la fecha de presentación de la solicitud, conforme al artículo 33 del ADPIC.
(ii) Adoptar el criterio de novedad absoluta, en línea con los requerimientos del PCT y de los ordenamientos nacionales modernos.
(iii) Incorporar los modelos de utilidad como categoría autónoma, con criterios de patentabilidad diferenciados del nivel inventivo exigido para las patentes de invención.
(iv) Regular las licencias obligatorias con criterios claros, alineados con los artículos 30 y 31 del ADPIC, incluyendo las licencias por razones de emergencia sanitaria y las derivadas de prácticas contrarias a la libre competencia.
(v) Establecer expresamente el derecho del usuario previo, en favor de quienes hayan utilizado una invención de buena fe con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente figura ya contemplada en la Ley de Propiedad Industrial de 1955 de forma implícita, pero que requiere una regulación expresa y actualizada.
(vi) Incorporar disposiciones sobre divulgación del origen de recursos genéticos y conocimientos tradicionales en las solicitudes de patentes, en consonancia con el artículo 124 de la CRBV y con las negociaciones en curso en el Comité Intergubernamental de la OMPI.
(vii) Otorgar al SAPI potestades cautelares administrativas con control judicial posterior análogas a las previstas en los artículos 243 al 256 de la Decisión 486.
(viii) Armonizar el régimen de propiedad de las invenciones laborales, previsto en los artículos 320 al 329 de la LOTTT, con el principio de incentivos a la investigación y el desarrollo, reconociendo al trabajador-inventor derechos económicos proporcionales, independientemente de la naturaleza pública o privada del financiamiento.

5.2. Adhesión al PCT: hoja de ruta

La adhesión al PCT debe concebirse como un proceso gradual articulado en tres etapas. En la primera etapa (Preparación, uno a dos años), Venezuela deberá actualizar su legislación de patentes para incorporar los requisitos del Reglamento del PCT, capacitar al personal examinador del SAPI en las normas internacionales de búsqueda y examen, y activar el acceso al sistema PATENTSCOPE para los operadores jurídicos y los inventores nacionales. En la segunda etapa (Adhesión, de dos a tres años), Venezuela formalizará la suscripción del PCT previa aprobación por la Asamblea Nacional, designando al SAPI como Oficina receptora. En la tercera etapa (Consolidación, de tres a cinco años), el SAPI evaluará la posibilidad de solicitar su designación como Autoridad Internacional de Búsqueda, en alianza con oficinas regionales como el Instituto Nacional da Propiedad Industrial (INPI) de Brasil o la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

5.3. Fortalecimiento institucional del SAPI

El fortalecimiento del SAPI como autoridad competente en materia de propiedad industrial requiere su transformación en un instituto autónomo con personalidad jurídica propia, patrimonio independiente y capacidad de autofinanciamiento. Esta propuesta fue planteada por Ignacio de León al analizar el proyecto de creación del Instituto Venezolano de Propiedad Industrial, señalando que dicha transformación otorgaría al ente rector «posibilidades de independencia en cuanto a la asignación del presupuesto… y tendría personalidad jurídica propia».
Esta transformación permitiría al ente rector: (i) retener las tasas cobradas como fuente de financiamiento de su modernización tecnológica; (ii) actuar en juicio para defender sus decisiones administrativas sin la intervención de la Procuraduría General de la República; y (iii) establecer mecanismos de cooperación con la OMPI y las oficinas homólogas de la región para la formación continua de examinadores.

CONCLUSIONES

Primera. El régimen venezolano de propiedad industrial padece una obsolescencia normativa de carácter estructural que no puede ser corregida mediante ajustes reglamentarios o administrativos. La Ley de Propiedad Industrial de 1955, pese a la vigencia parcial de algunas de sus instituciones entre ellas el principio de prior in tempore, prior in ius y la protección genérica de signos distintivos no tradicionales, analizados por Leonel Salazar Reyes-Zumetaresulta incompatible con las exigencias del Acuerdo ADPIC y con los estándares de la OMPI en materias esenciales para la economía del conocimiento.
Segunda. La denuncia del Acuerdo de Cartagena en 2006 representó no solo un retroceso normativo, sino una ruptura con el proceso de integración jurídica regional que había permitido a Venezuela alinearse con los ordenamientos más avanzados de América Latina. La recuperación de ese terreno requiere una reforma legislativa autónoma, que tome como referencia los estándares del derecho comparado latinoamericano y del derecho internacional de la propiedad intelectual, sin que ello implique necesariamente la reincorporación a ningún bloque de integración regional.
Tercera. Los desafíos tecnológicos patentabilidad de invenciones asistidas por inteligencia artificial, protección de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, digitalización registral son urgentes y no pueden diferirse hasta completar la reforma legislativa básica. El SAPI puede avanzar en la adopción de directrices administrativas provisionales que den respuesta inmediata a estas cuestiones, en tanto la Asamblea Nacional tramita la ley definitiva.
Cuarta. El fortalecimiento del sistema de patentes debe concebirse como una política pública integral que articule la reforma normativa, el fortalecimiento institucional del SAPI, la adhesión al PCT, la armonización con las normas sobre investigación y desarrollo contenidas en la LOCTI y la LOTTT, y la generación de incentivos fiscales y financieros para los inventores y las empresas que protejan sus creaciones mediante patentes. Sin esta articulación sistémica, la reforma legislativa aislada resultará insuficiente.
Quinta. Venezuela, como país con significativa diversidad biológica y cultural, con un acervo agroindustrial único acreditado por sus denominaciones de origen de cacao, café, cocuy pecayero y ron y una tradición universitaria y científica que puede ser potenciada, tiene condiciones objetivas para modernizar su sistema de propiedad industrial. La actualización legislativa no es contraria a los intereses nacionales de acceso al conocimiento; por el contrario, es la condición jurídica indispensable para que la República pueda aprovechar, en forma soberana y estratégica, las flexibilidades que el Acuerdo ADPIC reconoce a los países en desarrollo y los recursos de cooperación técnica de la OMPI.

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