El día 22 de mayo de 2024, fue aprobado por la Cámara de Representantes del Congreso Colombiano, el Proyecto de Ley Aprobatoria del Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia Relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Este Convenio, de 17 artículos, tiene como objeto el establecer y consolidar un marco jurídico que facilite y promueva las recíprocas inversiones directas, para el desarrollo productivo y sustentable de ambas partes contratantes. En la presente entrega, destacamos algunos de los aspectos más importantes de este TBI:

1. Definición de “inversión”

En resumen, el Acuerdo considera inversión a una amplia gama de activos destinados a la producción de bienes y servicios, siempre que sean adquiridos directamente por un inversionista de uno de los Estados contratantes dentro del territorio de la otra parte contratante, utilizando capital externo al territorio del receptor.

Para que se entienda amparada por este Tratado, la inversión debe permitir al inversionista ejercer control o influencia significativa sobre la gestión de la producción de bienes o la prestación de servicios. Además, debe cumplir con el ordenamiento jurídico nacional del Estado receptor, incluyendo requisitos como el compromiso de capital, la expectativa de ganancia, la contribución al desarrollo económico y una duración determinada.

Sin embargo, la definición excluye ciertos activos, como bienes inmuebles no utilizados con fines económicos, sentencias judiciales, deuda pública, inversiones de cartera sin influencia significativa en la gestión, y reclamos pecuniarios derivados de contratos comerciales o créditos.

2. Ámbito de aplicación

El Acuerdo se aplica a las inversiones realizadas por inversionistas de una Parte en el territorio de la otra, siempre que se ajusten a las leyes nacionales de la receptora. La aplicación abarca inversiones realizadas antes o después de la entrada en vigor del Acuerdo, pero excluye controversias previas a su entrada en vigor y a medidas relacionadas con impuestos y otros tributos.

3. Promoción, protección y trato de las inversiones

En resumen, las partes se comprometen a promover y proteger las inversiones realizadas por inversionistas de la otra Parte en su territorio. Esto incluye el intercambio de información sobre oportunidades de inversión y la protección contra expropiaciones o nacionalizaciones arbitrarias.
En cuanto a la no discriminación, el Tratado escapa de la redacción típica de estos acuerdos, concentrándose en disponer la capacidad de los Estados para adoptar medidas que consideran fundamentales en sus territorios, sin disponer una cláusula general sobre trato justo y equitativo o de nación más favorecida.

Además, el Convenio dispone que los inversionistas de cualquiera de las partes cuyas inversiones sufran pérdidas en el territorio del otro Estado contratante, debido a eventos como guerra o disturbios civiles, recibirán una compensación no menos favorable que la que el anfitrión le otorgue a sus propios inversionistas o a inversionistas de un tercer Estado.,

También, establece la obligación de las partes de permitir la transferencia de fondos relacionados con las inversiones, incluyendo ganancias, capital, pagos de préstamos y salarios, desde el Estado anfitrión al País fuente, sujeto a ciertas excepciones como la quiebra o el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Sin embargo, el Acuerdo también habilita al Estado receptor para denegar los beneficios cuando la empresa esté controlada por personas del mismo anfitrión o un tercer país y no tenga actividad comercial sustancial dentro de la otra parte contratante.

4. Resolución de controversias

Si un Estado parte o una entidad pública o privada autorizada indemniza a un inversionista por una pérdida en su inversión en el territorio de la otra parte, este quedará subrogado sobre los derechos en los mismos términos que el resarcido conforme al Acuerdo. Asimismo, las disputas entre una Parte y una aseguradora se resolverán mediante el arbitraje dispuesto por el Tratado.

Las controversias entre las partes contratantes se resolverán, en lo posible, a través de los canales diplomáticos o de consulta. Por su lado, las controversias entre el inversor de una parte contratante y el otro Estado deberán, en primer lugar, resolverse mediante negociaciones de buena fe que se extenderán por al menos seis (06) meses desde la notificación que haga el inversor al país anfitrión a tales efectos.
Vencido el plazo anterior sin llegar a una solución amistosa, el inversor podrá decidir si acudir al Tribunal competente del Estado en cuestión o a un arbitraje ad hoc conforme al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional aprobado el 15 de diciembre de 1976, que podrá ser administrado por un Centro de Arbitraje binacional si así se dispone por común acuerdo.
Finalmente, el Tratado dispone un lapso de caducidad de tres (03) años para acudir a arbitraje, a computar desde que tuvo o debió tener conocimiento del hecho en cuestión.

5. Comité Conjunto

En el Convenio, se establece un Comité Conjunto compuesto por representantes de ambos países, encargado de supervisar la implementación del Acuerdo, facilitar la comunicación entre las Partes y explorar nuevas áreas de cooperación; además, las partes podrán someterle a este, consultas sobre el Tratado, así como solicitar el intercambio con ella de información sobre las medidas que potencialmente pudieran afectar a las inversiones o sus retornos..

6. Vigencia

El Tratado entrará en vigor sesenta (60) días después de la incorporación interna en la legislación de cada Estado parte y el posterior intercambio de notas diplomáticas. Tendrá una vigencia de diez (10) años y se renovará automáticamente salvo terminación expresa, que deberá hacerse mediante notificación expresa por escrito. Aún en caso de denuncia, este seguirá rigiendo en su mayoría, por un período de cinco (5) años.