Al declarar con lugar el recurso de Rescarven, la Sala anuló el fallo recurrido y asumió el conocimiento del fondo de la controversia, lo que le permitió pronunciarse directamente sobre la procedencia de la solidaridad reclamada. Para eso acudió al artículo 50 de la LOTTT, que define cuándo una obra o servicio contratado resulta inherente o conexo a la actividad del beneficiario, presupuesto indispensable para que opere la responsabilidad solidaria del contratante frente a las obligaciones laborales del contratista. Según la propia norma, una actividad es inherente cuando participa de la misma naturaleza que la del contratante o cuando su ejecución constituye, de manera permanente, una fase indispensable de su proceso productivo; y es conexa cuando está íntimamente vinculada a esa actividad, o resulta de ella con carácter permanente. La norma añade además una presunción: si el contratista deriva del contratante la mayor parte de su volumen de negocio, se presume que existe esa inherencia o conexidad.

Aplicado el estándar al caso concreto, la Sala dejó constancia de que el juzgador de alzada ya había verificado que no se encontraban llenos los extremos para que operara la inherencia y la conexidad: el objeto social de Clínicas Rescarven abarca la atención primaria de salud en múltiples especialidades, de las cuales la odontología es apenas una, y el Grupo MLK, por su parte, prestaba también servicios de medicina prepagada y empresarial a clientes distintos de Rescarven. Sobre esa base fáctica, ya establecida en la instancia, no estaba demostrado que el servicio odontológico constituyera una fase indispensable y permanente del proceso productivo de la clínica, en la medida en que su ausencia no impediría que Rescarven siguiera funcionando con normalidad. Tampoco quedó acreditado que la mayor fuente de lucro del Grupo MLK proviniera de los servicios prestados a Rescarven, extremo cuya carga probatoria correspondía a la demandante y que esta no satisfizo. Al anular el fallo recurrido y asumir el conocimiento del fondo, la Sala hizo suya esa valoración fáctica y, al faltar ambos supuestos del artículo 50, declaró que no operaba la responsabilidad solidaria pretendida, con lo cual la acción dirigida contra la clínica resultó sin lugar.

La sentencia refuerza ese razonamiento con un precedente propio de la misma Sala, dictado en 2016 en un caso prácticamente idéntico contra el mismo grupo de clínicas, donde ya se había establecido que el Grupo MLK ejecutaba los servicios odontológicos con profesionales, recursos e instalaciones propios, gestionaba y costeaba el servicio, contrataba y remuneraba directamente a los odontólogos, y asumía la responsabilidad de las obligaciones laborales frente a ellos. Ese conjunto de circunstancias, dice la Sala, encaja en la figura del contratista que ejecuta obras o servicios con sus propios elementos conforme al artículo 49 de la LOTTT, lo que resulta incompatible con calificarlo como simple intermediario o tercerizador.

Conviene precisar, porque el resumen que suele acompañar a este fallo tiende a simplificarlo en exceso, que la Sala no negó toda obligación laboral en el caso. La demanda resultó parcialmente con lugar frente al Grupo MLK y frente a Lapadula Kolosova; lo que se excluyó fue, específicamente, la extensión de esa responsabilidad a Clínicas Rescarven y la aplicación a la demandante de los beneficios convencionales de esta última. Reducir el fallo a una simple declaración de que «no hubo relación laboral» sería inexacto: lo que la Sala descartó fue la solidaridad de un tercero beneficiario, no la existencia de acreencias laborales frente al empleador directo.

Es importante distinguir, en este punto, dos instituciones que el propio caso pone en tensión. La tercerización de los artículos 47 y 48 exige fraude o simulación destinados a evadir obligaciones laborales, y su consecuencia natural, cuando se declara, es la incorporación del trabajador a la nómina del beneficiario principal. La responsabilidad solidaria del artículo 50, en cambio, no presupone fraude alguno: puede surgir incluso frente a una contratación mercantil enteramente legítima, siempre que la obra contratada sea inherente o conexa a la actividad del contratante. En Guillén Parra fracasaron ambas vías frente a Rescarven, pero por razones distintas: la solidaridad, porque no se probó la inherencia o conexidad exigida por el artículo 50; la tercerización, porque quedó acreditada la autonomía técnica y patrimonial del Grupo MLK conforme al artículo 49. Confundir estas dos figuras, tratándolas como si fueran intercambiables, es uno de los errores más frecuentes al leer sentencias de este tipo.

Para las clínicas, hospitales y demás entidades que subcontratan especialidades médicas, el fallo traza una hoja de ruta de defensa razonablemente clara: demostrar que el servicio contratado no es indispensable y permanente para su actividad principal, y que el contratista posee autonomía real, verificable en la gestión, en los recursos aportados y en la titularidad de los medios de trabajo. Para los contratistas especializados, confirma que la organización efectiva del servicio, con personal y patrimonios propios, es lo que permite sostener su condición de tales frente a un reclamo de tercerización. Y para los profesionales que prestan servicios bajo estos esquemas, la sentencia deja una advertencia poco cómoda pero necesaria: trabajar físicamente dentro de las instalaciones de una entidad, o incluso prestarle servicios de forma continuada, no basta por sí solo para activar su responsabilidad solidaria; es preciso acreditar, con prueba concreta, que la actividad contratada es inherente o conexa a su proceso productivo.

El valor de este precedente ofrece un criterio operativo para distinguir cuándo la pertenencia a un mismo sector económico amplio, como la salud, no equivale a la integración funcional que exige el artículo 50. Su límite es igual de evidente, porque la conclusión depende enteramente de la prueba aportada en cada caso concreto sobre el peso relativo del servicio dentro del proceso productivo del contratante y sobre la estructura de ingresos del contratista. No crea, por tanto, una inmunidad genérica para las clínicas que subcontratan especialidades, sino un estándar de prueba exigente que, en este caso particular, la demandante no logró probar.

El fallo también se apoya en la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, particularmente en la sentencia N.° 652 del 26 de noviembre de 2021, reiterando que las capitulaciones pueden celebrarse o modificarse incluso durante el matrimonio, pero «nunca tendrán efectos retroactivos sino hacia el futuro, y entrarán en vigencia una vez registradas».

Consecuencias prácticas del fallo

La Sala concluyó que la autenticación notarial, por sí sola, no sustituye la protocolización registral exigida legalmente. Al no cumplirse esa formalidad, declaró ineficaz el régimen convencional de separación absoluta de bienes y determinó que entre los cónyuges había regido el régimen supletorio de comunidad de gananciales, quedando sujetos a partición los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio.

En términos prácticos, el criterio deja tres advertencias: (i) las capitulaciones requieren cumplimiento estricto de las solemnidades registrales; (ii) la mera autenticación ante notaría no garantiza su validez; y (iii) la omisión de una formalidad esencial puede conducir a nulidad absoluta y modificar radicalmente el régimen patrimonial aplicable al matrimonio.

El punto de partida es simple: la denuncia de tercerización no formaba parte del libelo con el que la propia Bohorquez de Candanoza había iniciado la demanda, ni había sido debatida en la audiencia de juicio de primera instancia. Apareció recién en la audiencia oral y pública de apelación, de su propia voz como recurrente. Y esa circunstancia, más que la existencia o no de un fraude laboral, terminó siendo el eje de toda la decisión.

El tribunal, antes de resolver el punto procesal, dejó sentado un criterio de fondo que conviene destacar porque tiene valor por sí mismo: no basta con que una prestación de servicios tenga la apariencia externa de tercerización para calificarla como tal. El tribunal exige comprobar simulación o fraude reales, porque el vínculo entre las partes puede corresponder legítimamente a un negocio de naturaleza comercial que no oculta ninguna relación de trabajo. Es una precisión importante, porque recuerda que invocar tercerización no basta con nombrarla; hay que probarla.

Pero inmediatamente después, el tribunal advirtió que ese análisis de fondo resultaba, en este caso concreto, innecesario. El alegato de tercerización jamás fue introducido en el libelo ni debatido en la audiencia de juicio, así que admitirlo en la apelación equivaldría a incorporar un hecho nuevo que la demandada no tuvo oportunidad de controlar en su momento procesal. Eso, para el tribunal, violentaría el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad procesal entre las partes. Por esa razón declaró improcedente la denuncia, sin entrar a examinar si efectivamente existió o no la tercerización alegada.

Esa distinción es la que da valor al fallo y la que conviene no perder de vista: el tribunal no dijo que no hubo tercerización entre Bohorquez de Candanoza y Romano Pari. Dijo que no podía pronunciarse sobre eso, porque la oportunidad para plantearlo y probarlo, dentro del propio juicio que la demandante había promovido, ya había pasado. Confundir ambas cosas, una declaración sobre los hechos y una declaración sobre la oportunidad procesal, lleva a leer este fallo como algo que no es.

La regla que deja la sentencia es, en el fondo, una regla de congruencia procesal: la denuncia de tercerización, como cualquier hecho constitutivo de la pretensión, debe formularse en el libelo de demanda o en la contestación, y ser objeto de contradictorio en primera instancia. Introducirla por primera vez en apelación la hace improcedente por extemporánea, sin importar cuánto mérito sustantivo pueda tener, incluso cuando quien la introduce es la propia parte que redactó el libelo original y tuvo, desde el principio, la oportunidad de incluirla.

Para los litigantes laborales, la lección es sobre todo metodológica. Cualquier alegato de tercerización, o de cualquier otra figura que module la naturaleza del vínculo, debe integrarse desde el libelo, porque los tribunales de alzada del proceso laboral venezolano no son un espacio para renovar la causa de pedir.

El caso confirma algo que la práctica forense laboral venezolana constata con frecuencia: buena parte de los alegatos de tercerización no fracasan por insuficiencia probatoria, sino por defectos en la oportunidad procesal de su planteamiento. Quien pretenda invocarla debe hacerlo desde el libelo de la demanda, de modo que la contraparte disponga de la oportunidad procesal para ejercer su defensa y controlar la prueba correspondiente. De lo contrario, por sólido que sea su fundamento fáctico, el alegato queda expuesto a una declaratoria de improcedencia que se limita a la extemporaneidad de su planteamiento, sin resolver ni adelantar nada sobre su mérito sustantivo.

I. EL NUEVO PARADIGMA DE LIBERTAD CONTRACTUAL

Por el contrario, las nuevas relaciones contractuales que se constituyan a partir de dicha publicación quedarán sometidas al marco del nuevo Régimen Especial.

Al comparar ambas legislaciones, se evidencia cómo la libertad contractual facilita de forma sustancial la celebración y ejecución de los contratos de arrendamiento, especialmente en los cinco aspectos a continuación:

II. CUADRO COMPARATIVO: LEY 2011 vs. LEY 2026

I. FUNDAMENTO LEGAL Y JURISDICCIÓN EN CASOS DE TERCERIZACIÓN

El trabajador no pedía que se le calificara el despido ni el reenganche; reclamaba el pago de beneficios laborales que, según su decir, no le habían sido cancelados justamente por haber sido tercerizado. La pregunta que debía responder la Sala no era si hubo o no fraude, cuestión que corresponde al fondo del asunto, sino a qué autoridad le toca decidirlo cuando la tercerización se plantea dentro de una demanda de cobro.

Para resolverlo, la Sala parte del análisis de los artículos 47 y 48 de la LOTTT:

• El artículo 47 define la tercerización como la simulación o el fraude patronal dirigido a desconocer la legislación laboral, y atribuye a «los órganos administrativos o judiciales con competencia en materia laboral» la potestad de establecer la responsabilidad correspondiente.
• El artículo 48 enumera las conductas prohibidas y ordena la incorporación a nómina de los trabajadores tercerizados, con inamovilidad hasta que eso ocurra.

De la lectura conjunta de ambas normas, la Sala destaca que la ley no reserva la materia a un único fuero: habilita tanto a la Inspectoría como a los tribunales. Y como la pretensión concreta era el cobro de beneficios laborales derivados de una relación de trabajo presuntamente encubierta, la Sala aplicó el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que atribuye a los tribunales laborales el conocimiento de las reclamaciones por prestaciones e indemnizaciones.

En consecuencia, concluyó que «el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir el presente asunto», revocando el criterio del juzgado consultante y devolviéndole la causa.

II. REGLA DE REPARTO DE COMPETENCIAS

El aporte de esta sentencia no es declarar que hubo tercerización, algo que no hizo ni podía hacer en una consulta de jurisdicción, sino fijar la regla de reparto frente a este tipo de escenarios:

Para contratistas, cooperativas y entidades beneficiarias, el mensaje es que no pueden descartar litigios judiciales de tercerización bajo el argumento de que la materia es exclusivamente administrativa. Para los trabajadores, la sentencia confirma que tienen la vía judicial abierta para el cobro, sin necesidad de agotar previamente un procedimiento ante la Inspectoría.

III. ALCANCE Y CONCLUSIONES

Se trata, en definitiva, de una decisión de carácter estrictamente procesal, sin efecto de cosa juzgada material sobre la existencia de la tercerización denunciada. Su valor está en el criterio de competencia, útil como referencia para casos similares, pero no puede citarse como precedente sobre si Aceros Laminados incurrió o no en fraude laboral, porque eso nunca se llegó a decidir.

Lo interesante del caso, al final, es que revela cuánto tiempo procesal puede consumir una simple discusión de jurisdicción —siete meses entre la declinatoria y la sentencia de la Sala— en un sistema donde la ley reparte competencias entre dos fueros sin trazar una frontera nítida. La regla que deja la Sala es razonable y coherente con el diseño de la LOTTT, pero el caso concreto terminó siendo, en la práctica, una lección sobre procedimiento antes que sobre tercerización.

I. UNIDAD ECONÓMICA Y RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS

La Sala analizó si Laboratorios Elmor y Teva Pharmaceuticals constituyen, en la práctica, una única unidad económica, aun cuando son personas jurídicas distintas. Con base en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), en concordancia con el artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la Sala explicó qué se entiende por grupo de empresas:

«Existe un grupo de empresas cuando se encuentran sometidas a una administración o control común y constituyan una unidad económica de carácter permanente, con independencia de las diversas personas naturales o jurídicas que tengan a su cargo la explotación de las mismas».

Esa existencia, señaló la Sala, se presume salvo prueba en contrario cuando concurre uno o varios de estos supuestos:

• Relación de dominio accionario de unas personas jurídicas sobre otras, o accionistas con poder decisorio comunes.
• Juntas administradoras u órganos de dirección conformados, en proporción significativa, por las mismas personas.
• Uso de una idéntica denominación, marca o emblema.
• Desarrollo conjunto de actividades que evidencien su integración.

Para resolver el caso concreto, la Sala se apoyó en un precedente vinculante: la sentencia N° 0471 del 8 de junio de 2018 (caso Maribel Cuberos Armijo contra Laboratorios Elmor, S.A.). En ese fallo, la Sala ya había dejado establecida la «unidad económica entre la empresas codemandada Laboratorios ELMOR S.A. y Teva Pharmaceuticals USA, Inc.» Además, había señalado que una de las condiciones del contrato de trabajo de aquel caso fue que «la empresa TEVA PHARMACEUTICALS, asumiría la antigüedad que tenía la accionante en la empresa LABORATORIOS ELMOR S. A.».

Trasladando ese criterio al caso de Manzo Borges, la Sala valoró las pruebas del expediente y concluyó:

«Valorando conjuntamente los elementos probatorios que cursan en autos (de los cuales se evidencia que la sociedad mercantil Teva Pharmaceuticals asumió la antigüedad que la accionante acumuló en Laboratorios Elmor S.A.), y a la luz del principio de primacía de la realidad sobre las apariencias, esta Sala de Casación Social concluye que existe una clara vinculación económica entre ambas entidades. En consecuencia, en aras de la tutela efectiva de los derechos de la trabajadora, se determina la existencia de unidad económica entre las empresas demandadas. Así se decide».

Con esta declaratoria de unidad económica, ambas empresas quedan comprendidas dentro del régimen de solidaridad en las obligaciones laborales que el propio fallo invoca desde su planteamiento inicial, al referirse a la finalidad de «establecer la existencia de un grupo de empresas, y su solidaridad en cuanto a las obligaciones laborales», conforme al artículo 46 de la LOTTT.

II. APLICACIÓN TERRITORIAL DE LA LEY LABORAL VENEZOLANA A SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTERIOR

El otro tema central era qué legislación laboral rige cuando una persona es contratada en Venezuela pero luego es trasladada a trabajar en otro país, sin que se interrumpa la relación laboral. La Sala partió del artículo 3 de la LOTTT, que dispone:

«Esta Ley regirá las situaciones y relaciones laborales desarrolladas dentro del territorio nacional […] Las disposiciones contenidas en esta Ley […] rigen a venezolanos, venezolanas, extranjeros y extranjeras con ocasión del Trabajo prestado o convenido en el país […] Igualmente se aplicaran las disposiciones de esta Ley a los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas en Venezuela para prestar servicios en el exterior del país».

A partir de esa norma, la Sala identificó dos principios aplicables:

La Sala recordó que este criterio ya lo había aplicado antes, entre otros, en el caso Gustavo Enrique Pérez Nation contra Procter & Gamble de Venezuela, S.C.A. (sentencia N° 1513, 17 de diciembre de 2012) y en el caso Hugo Fernando Silva Parada contra Autodesk, Inc. (sentencia N° 1202, 23 de noviembre de 2016). Este último precedente muestra el límite exacto de la regla: la Sala aplicó la ley venezolana al período trabajado en Venezuela y también al trabajado en Estados Unidos, «ya que la realización de sus funciones en ese país se convino en Venezuela», pero declaró improcedente su aplicación respecto al período laborado en Ciudad de México, «por cuanto sus labores no fueron ejecutadas ni convenidas en Venezuela».

Asimismo, la Sala indicó que, bajo el principio de autonomía de la voluntad, las partes pueden pactar en Venezuela que el servicio se preste en el extranjero, en cuyo caso rige la ley venezolana. La única excepción es que la ley extranjera resulte más favorable, caso en el cual esta prevalece, «cediendo así la ley laboral nacional».

Aplicando este marco al caso concreto, la Sala concluyó que el trabajo de la demandante fue tanto prestado como convenido en Venezuela, por lo que, al encuadrar en los dos supuestos previstos en el artículo 3, la relación quedó regulada en su totalidad por las leyes venezolanas.

III. ALCANCE Y RELEVANCIA DE LA SENTENCIA PARA EL DERECHO LABORAL VENEZOLANO

La sentencia consolida dos líneas doctrinales de la Sala de Casación Social con relevancia práctica para el litigio laboral:

En primer lugar, en materia de “grupos de empresas”, el fallo reafirma que la personalidad jurídica individual de cada sociedad mercantil no constituye un límite oponible frente al trabajador cuando concurren los elementos fácticos previstos en el artículo 46 de la LOTTT y el artículo 22 de su Reglamento. La presunción de unidad económica, de naturaleza “iuris tantum”, opera como mecanismo de imputación conjunta de las obligaciones laborales, impidiendo el fraccionamiento artificial de responsabilidades entre entidades vinculadas por control accionario, dirección común o integración operativa. La consecuencia jurídica es la solidaridad pasiva entre las codemandadas, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas jurídicas.

En segundo lugar, en materia de “conflicto de leyes en el espacio”, el fallo delimita con precisión el ámbito de aplicación territorial del artículo 3 de la LOTTT, articulando los principios de “lex loci executionis” y “lex loci celebrationis” como criterios de conexión autónomos y no excluyentes. De la ratio decidendi se desprende que basta con que el vínculo laboral haya sido “convenido” en territorio venezolano, con independencia del lugar de ejecución posterior, para que la legislación laboral venezolana, de orden público y carácter tuitivo, rija la totalidad de la relación de trabajo, salvo que la ley extranjera resulte más favorable al trabajador, en cuyo caso prevalece por aplicación casuística del principio de progresividad.

En conjunto, ambos criterios operan como garantías del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales frente a estructuras corporativas transnacionales, evitando que la fragmentación societaria o la deslocalización del servicio se utilicen como mecanismos de elusión de responsabilidades patronales.