Maritime Lawyer Venezuela | Aviation Lawyer Venezuela | Maritime Legal Services https://aureliofernandezconcheso.com/es Fri, 30 Oct 2026 19:53:36 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.4 https://aureliofernandezconcheso.com/es/wp-content/uploads/2025/03/cropped-logo-horizontal-32x32.png Maritime Lawyer Venezuela | Aviation Lawyer Venezuela | Maritime Legal Services https://aureliofernandezconcheso.com/es 32 32 El Antiterrorismo Judicial: el TSJ establece que la instrumentalización de los tribunales penales nunca puede suplir la vía civil ordinaria https://aureliofernandezconcheso.com/es/el-antiterrorismo-judicial-el-tsj-establece-que-la-instrumentalizacion-de-los-tribunales-penales-nunca-puede-suplir-la-via-civil-ordinaria/ https://aureliofernandezconcheso.com/es/el-antiterrorismo-judicial-el-tsj-establece-que-la-instrumentalizacion-de-los-tribunales-penales-nunca-puede-suplir-la-via-civil-ordinaria/#respond Fri, 30 Oct 2026 19:53:08 +0000 https://aureliofernandezconcheso.com/es/el-antiterrorismo-judicial-el-tsj-establece-que-la-instrumentalizacion-de-los-tribunales-penales-nunca-puede-suplir-la-via-civil-ordinaria/

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente una acción de amparo y anuló el fallo de la Corte de Apelaciones la cual pretendió ordenar un nuevo juicio, debido a que el Tribunal de Alzada incurrió en inmotivación al eludir el análisis sobre la atipicidad de los hechos determinado en primera instancia, determinando que los hechos por los cuales se pretendía acusar, no encuadran con una norma jurídica.

Las procesadas reclamaban la resolución de un contrato de prestación de servicios y la conducta que carece del fin de lucro ilícito exigido para tipificar el delito de extorsión, por lo que el debate probatorio resultó inútil (resaltado de la sentencia) frente a un hecho que no constituye delito penal.

De tal manera, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia reiteró el principio de intervención mínima penal o ultima ratio y condenó la instrumentalización del sistema de justicia punitivo para resolver controversias estrictamente contractuales o civiles, práctica calificada en su doctrina como terrorismo judicial. En consecuencia, ordenó la reposición de la causa para que una nueva Sala de la Corte de Apelaciones decida el recurso con estricto apego a la naturaleza civil del conflicto y a la ausencia de elementos del tipo penal imputado.

La práctica de Terrorismo Judicial suele manifestarse principalmente mediante la criminalización de relaciones contractuales, donde un particular o una entidad, ante un incumplimiento de contrato, reclamo de honorarios profesionales o desacuerdo en una sociedad mercantil, acude al Ministerio Público formulando denuncias penales por delitos graves (como estafa, apropiación indebida o extorsión) en lugar de demandar ante un tribunal civil o mercantil.

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Extracto:

“Al proceder al examen pormenorizado de las actas procesales, esta Sala Constitucional advierte que el núcleo de la presente controversia radica en un grave vicio de inmotivación por omisión de pronunciamiento perpetrado por el Tribunal de Alzada, al haber eludido por completo el análisis que sustentó la absolución dictada por el tribunal de primera instancia, la atipicidad de los hechos investigados.

En efecto, en el desarrollo del juicio oral y público, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en pleno ejercicio de la soberanía de valoración probatoria y de la sana crítica, detectó que el conflicto originario derivaba de una relación de carácter civil, cimentada en un contrato de prestación de servicios y honorarios profesionales, al analizar la conducta de las acusadas frente al tipo penal imputado, la Juez de Instancia concluyó la inexistencia de delito.

No obstante, la Sala Ocho de la Corte de Apelaciones, tras declarar con lugar la primera denuncia fiscal (referida a la valoración de la prueba digital extraída de forma manual) y decretar la nulidad de la sentencia por considerar que el juzgado inmotivo el descarte probatorio, omitió pronunciarse respecto a la segunda denuncia (atipicidad del hecho), lejos de emitir un pronunciamiento motivado que desvirtuara jurídicamente lo afirmado por el tribunal de instancia sobre la naturaleza contractual de la disputa.

Esta Sala Constitucional, advierte que la conducta desplegada por la Sala Ocho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, constituye una violación de derecho constitucional ya que no se motivó suficientemente la sentencia con la cual se pretende establecer un nuevo juicio oral y público, en este orden de ideas, no precisar o analizar un elemento esencial del delito como es la tipicidad la cual es un filtro primordial y excluyente de la jurisdicción penal; si una conducta no es delito, el debate probatorio resulta inútil.

Es por ello que esta Sala, asumiendo el control constitucional que le es propio, procede a suplir dicha inmotivación y al analizar los hechos dados por probados por la instancia, concluye, en armonía con el tribunal de juicio, que no existe la relación de causalidad necesaria para subsumir la conducta de las procesadas en el delito de extorsión.

Para que se perfeccione el delito de extorsión -previsto en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión-, la dogmática penal exige la concurrencia de elementos concurrentes e insoslayables: 1) El uso de violencia, amenaza o constreñimiento grave capaz de doblegar la voluntad de la víctima; 2) Que el fin de dicha coacción sea obligar a la víctima a realizar, omitir o tolerar un acto en perjuicio de su patrimonio; y 3) La existencia de un animus lucrandi o propósito de obtener un lucro ilícito o provecho indebido para sí o para un tercero.

De los hechos de la presente causa, la representación fiscal no logró demostrar el nexo causal que permita encuadrar la actuación de las imputadas en dicho tipo penal, las acusadas solo actuaron en un ámbito netamente civil, reclamando la culminación de un contrato de servicios y la devolución de los documentos originales de su propiedad, por la relación contractual que existía entre ellas, por tanto, más allá de que dicho reclamo haya podido estar matizado por advertencias o expresiones acaloradas propias de un conflicto entre particulares, jamás existió el fin de lucro ilícito exigido por la norma penal.

Reclamar la disolución de un vínculo contractual y exigir la restitución de documentos propios frente a quien fungía como mandataria, no constituye un acto orientado a obtener un enriquecimiento patrimonial indebido, sino el ejercicio de un reclamo de naturaleza estrictamente civil, al no configurarse el elemento del lucro ilegítimo, la conducta se torna atípica respecto al delito de extorsión.

Es doctrina reiterada de este Máximo Tribunal que el Derecho Penal, amparado en el principio de intervención mínima (ultima ratio), no puede ser empleado como un mecanismo de coacción procesal para dirimir diferencias civiles, instrumentalizando el poder punitivo del Estado para resolver disputas sobre honorarios o rescisiones de contratos, esta nociva práctica, calificada por la jurisprudencia como “terrorismo judicial”, fue condenada por esta Sala Constitucional en la sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024 (caso: Mariela Sobeida Hernández González), al señalar lo siguiente:

“En tal sentido, se insiste que la actuación del Fiscal (…) al proceder a la imputación por la comisión de un hecho punible, e iniciar un proceso ante la jurisdicción penal de un hecho de naturaleza civil sustentado en un contrato (…) desconocieron la jurisprudencia de esta Sala, pues era evidente que se estaba haciendo un uso indebido de la jurisdicción penal y desconociéndose en este sentido los principios de intervención mínima, razonabilidad y subsidiariedad que rigen en materia penal (…), lo cual resultaba determinante para que el Fiscal solicitara la desestimación de la denuncia planteada…”.

En relación con lo anterior, la decisión dictada por la Sala Ocho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas no se encuentra ajustada a derecho, al haber omitido el análisis de la atipicidad advertida por el tribunal de instancia, no solo incurrió en inmotivación, sino que validó la prosecución de un proceso penal que ya se había debatido y la Juez competente de decidir llegó a una conclusión motivando ampliamente dicha decisión.

Por consiguiente, esta Sala Constitucional concluye que el fallo dictado por la Sala Ocho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas vulneró los derechos constitucionales invocados, toda vez que anuló inmotivadamente una sentencia de primera instancia que, de manera lógica y ajustada a derecho, había advertido la atipicidad de los hechos. En virtud de lo expuesto, se declara procedente in limine litis la presente acción de amparo constitucional, se anula la decisión impugnada y se repone la causa al estado en que otra Sala de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal resuelva el recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal y dicte un nuevo pronunciamiento, motivando suficientemente su decisión con estricta sujeción a lo dispuesto en la presente decisión, igualmente con relación a la naturaleza del presente fallo, se decreta el decaimiento de la medida cautelar de suspensión de efectos dictada por esta Sala el 12 de diciembre de 2025, mediante sentencia N° 2120. Así se decide.”

Link de la sentencia: https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/357532-0937-71026-2026-25-0497.HTML

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El fallo de la Sala de Casación Civil determinó que el pago unilateral en bolívares hecho por el deudor carece de efecto liberatorio y no extingue la obligación, debido a que las partes habían pactado en una transacción judicial homologada que el pago se haría “única y exclusivamente” en dólares. Conforme a los artículos 1.264 del Código Civil y 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, la divisa es moneda de pago efectivo y no de simple cuenta; por ende, validar dicho abono en moneda de curso legal vulneró el acuerdo que tiene fuerza de ley entre las partes, más aún cuando el acreedor rechazó oportunamente los fondos, solicitó formalmente la reversión bancaria y mantuvo el dinero inmovilizado sin disponer de él.

En consecuencia, la aplicación del principio de restitutio in integrum para evitar una retención sin causa justa, la Sala dispuso que la suma depositada de forma ineficaz (solo en Bolívares) debe ser devuelta a la cuenta de origen del deudor. Para garantizar el restablecimiento del equilibrio patrimonial frente al fenómeno inflacionario, el tribunal ordenó además que dicho monto en bolívares sea restituido con su respectiva corrección monetaria o indexación, calculada mediante los Índices de Precios al Consumidor (INPC) del Banco Central de Venezuela desde la fecha de la transferencia hasta el momento de su devolución efectiva.

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Extracto:

“Ahora bien, esta Sala de Casación Civil, al examinar la decisión del Juzgado Superior recurrido, y las actuaciones suscitadas en la presente causa, observa que la controversia gira en torno a la validez y eficacia liberatoria de un pago en moneda nacional (bolívares) efectuado unilateralmente por la parte intimada, frente a un contrato de transacción judicial debidamente homologado el 19 de mayo de 2025, cuya Cláusula Primera y Segunda estipuló de forma categórica el compromiso de cancelar la suma de SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $60.000,00) “única y exclusivamente en dicha moneda”.

En ese sentido, se observa que el artículo 1.264 del Código Civil dispone expresamente, que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas, precepto que consagra el principio de identidad e integridad del pago, en virtud del cual el acreedor no puede ser obligado a recibir una prestación distinta de la prometida, tal como está estipulado en el artículo 1.290 eiusdem.

Asimismo, tal como se señaló precedentemente, si bien el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela atribuye poder liberatorio a la moneda de curso legal (bolívar) para obligaciones pactadas en moneda extranjera, la referida norma contempla expresamente la reserva “salvo convención especial”; por lo tanto, al haberse estipulado en la transacción de autos de manera clara y expresa que el pago se realizaría “única y exclusivamente” en divisa extranjera, la divisa dejó de ser una simple moneda de cuenta para constituir la moneda de pago efectivo de la prestación debida.

En consecuencia, la entrega de una suma en bolívares realizada unilateralmente por el deudor no posee efecto liberatorio ni extingue la obligación contraída.

Consta además en las actas procesales (folios 98 al 122) que el acreedor en fecha 18 de septiembre de 2025 rechazó de forma inmediata el abono en bolívares, tramitó ante la entidad bancaria la reversión de la transferencia y mantuvo la totalidad de los fondos inmovilizados a disposición de la autoridad judicial, sin usufructuar de ellos, y el tribunal de la causa, solicitando que se declarara improcedente el pago efectuado.

Ante ese pedimento, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del estado Miranda, el día 19 de septiembre de 2025 dictó el auto decisorio, en el cual declaró válido el pago realizado el 15 de septiembre de 2025 por la parte intimada, por la cantidad de Bs. 8.741.150,00, equivalentes a la suma de $55.000,00 para la fecha del cambio de la tasa oficial referencial del Banco Central de Venezuela, y cumplida la obligación contraída por las partes litigantes, instando a la parte actora a retirar la cantidad de $5.000,00 consignada ante ese tribunal, desestimando en consecuencia la oposición al pago efectuada en fecha 18 de septiembre de 2025 por la parte intimante, y además, negó el pedimento de oficiar a la entidad bancaria Banesco, Banco Universal, C.A. a los fines de reversar la transferencia realizada a la cuenta de origen en el Banco de Venezuela, C.A. (ff. 94 al 97 y su vuelto de la presente pieza), y lo anterior fue ratificado por el juez superior en la decisión recurrida, pues declaró CUMPLIDA la obligación contraída por las partes litigantes y consecuentemente, SIN LUGAR la oposición al pago efectuada por la parte intimante, confirmando en consecuencia en todas y cada una de sus partes la sentencia de primera instancia.

Al respecto, considera esta Sala que al haberse homologado la transacción judicial celebrada entre las partes, por el auto firme del 19 de mayo de 2025, que estableció expresamente en su clausulado que el pago liberatorio debía ser efectuado en moneda extranjera, lo cual adquirió fuerza de cosa juzgada e inmutabilidad, ello determina que al validarse el depósito unilateral en bolívares, los jueces de instancia modificaron unilateralmente los términos de la transacción homologada, vulnerando el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada contenido en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente, las pruebas cursantes a los folios 98 al 122 demuestran de forma fehaciente que el acreedor:

  • Manifestó su expresa oposición tan pronto conoció del depósito (18/09/2025).
  • Solicitó formalmente al banco la reversión de los fondos (19/09/2025).
  • Mantuvo la totalidad del dinero intocado en la cuenta corriente Banesco sin disponer de él.

Asimismo, la obligación pactada vencía el 30 de septiembre de 2025, por lo que para la fecha de la transferencia unilateral (15/09/2025), el deudor disponía de tiempo para solicitar al juzgado la consignación en divisa o formalizar una oferta real de pago en la moneda pactada, conforme a las previsiones de los artículos 1.306 y siguientes del Código Civil, en concordancia con el artículo 819 del Código de Procedimiento Civil), lo cual no ocurrió en el caso de autos, siendo improcedente invocar una mora del acreedor para alterar unilateralmente la moneda de la prestación.

De manera que, se reitera, que permitir en etapa de ejecución que el deudor modifique unilateralmente la moneda del pago constituye una alteración sobrevenida de los términos ejecutorios del fallo, vulnerando la seguridad jurídica y el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada.

En consecuencia, considera esta Sala que en el caso de marras se configuró el vicio de falta de aplicación de los artículos 1.264 del Código Civil y 255 del Código de Procedimiento Civil, así como del artículo 128 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela, por cuanto la alzada desvirtuó lo establecido por las partes en el acuerdo transaccional (título ejecutivo por haber sido homologado expresamente por el tribunal de la causa), en contravención con el orden público monetario, en cuanto a la salvedad estipulada del pago exclusivo en moneda extranjera.

Por otro lado, en garantía del principio de “Restitutio in Integrum” y repetición de lo no debido, considera esta Sala que al ser declarado que el pago parcial en moneda nacional careció de efecto liberatorio por contravenir la cláusula de pago exclusivo en divisa, la conservación de dicha suma en la esfera patrimonial del acreedor o su mantenimiento indeterminado en la entidad bancaria configuraría una retención sin causa justa; por lo que en consecuencia, es procedente el reverso y devolución del dinero, conforme a lo establecido en el artículo 1.184 del Código Civil, el acreedor debe restituir al deudor la exactitud del monto recibido de manera ineficaz, restableciendo el equilibrio patrimonial entre las partes.

A mayor abundamiento, vale acotar que, conforme a la jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala de Casación Civil (v.gr. sentencia número 517, dictada el 8 de noviembre de 2018, caso: Nieves del Socorro Pérez de Agudo contra Luis Carlos Lara Rangel, que recoge la doctrina referente a la indexación o corrección monetaria en los procesos judiciales), la indexación monetaria no constituye una sanción ni un castigo a la parte deudora o acreedora, sino un mecanismo de corrección del valor adquisitivo de la moneda nacional frente al fenómeno inflacionario.

Así las cosas, al haber permanecido la suma de Bs. 8.741.150,00 inmovilizada desde el 15 de septiembre de 2025 hasta la ejecución del fallo, el monto debe ser restituido a la cuenta de origen debidamente actualizado conforme a los Índices de Precios al Consumidor (INPC) publicados por el Banco Central de Venezuela, calculados desde la fecha en que se efectuó la transferencia (15/09/2025) hasta la fecha de su devolución efectiva. Así se establece.

Por las razones expresadas precedentemente, se declara procedente la denuncia bajo análisis. Así se decide.”

Link de la sentencia: https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/357961-000501-221026-2026-26-169.HTML

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La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante. El motivo de la demanda trató sobre la indemnización de daños y perjuicios derivados de un contrato de arrendamiento. Los jueces de instancia habían declarado inadmisible la demanda, alegando que la actora no había presentado una resolución administrativa firme de la SUNAVI. La Sala declaró la nulidad del fallo tras constatar que la demandante cumplió con acudir a las audiencias conciliatorias fijadas por la SUNAVI, por lo que vencido el lapso legal, la vía judicial queda automáticamente habilitada sin necesidad de exigir un acto administrativo previo. A su vez, por tratarse de una demanda de daños y perjuicios, no se debe exigir como requisito previo que se agote la vía administrativa la cual no le compete; la vía correcta es civil ordinaria.

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Extracto:

“Para decidir la Sala observa:

De la delación antes transcrita se constata, que la parte recurrente señala que el juez de la alzada, incurrió en el vicio de falsa aplicación de los artículos 94 y 96 de la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda, por cuanto a su parecer dichas normas no son aplicables a las demandas patrimoniales autónomas por daños y perjuicios, alegando que a su entender para las demandas de ese tipo no es necesario agotar la vía administrativa previa, ni tener alguna resolución de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI) que la autorice a demandar.

En relación a la falsa aplicación de una norma la Sala ha señalado que se produce Cuando el juez aplica una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no es la contemplada en ella, es decir, se trata del error que puede provenir de la comprobación de los hechos o del error en la calificación jurídica de la hipótesis concreta. (Cfr. Fallos números 210, del 25-4-2017. Exp. Número 2016-726; número 865, del 15-12-2017. Exp. Números 2017-460; y número 200, del 18-4-2018. Exp. Número 2017-733)

Ahora bien, para verificar si la jueza de la recurrida incurrió en el vicio delatado esta Sala considera necesario transcribir la parte pertinente de la sentencia impugnada de la siguiente manera:

“…MOTIVA

Corresponde a esta alzada determinar, si la recurrida en la cual fue declarada inadmisible de manera sobrevenida la pretensión de indemnización de daños materiales y daños morales derivados del contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda, está o no ajustado a derecho y para ello ha de verificar si los hechos aducidos por la recurrida están o no probados en autos, y en el primer supuesto, constatar sí la consecuencia procesal es la inadmisibilidad como lo estableció la recurrida, y en base a ello emitir el pronunciamiento sobre el recurso de apelación y sus efectos sobre la recurrida, y así se establece.

A los fines precedentemente establecidos se observa, que la recurrida como fundamento de la inadmisibilidad de la demanda adujo:

…omissis…

De manera, que el texto precedentemente transcrito se determina, que la recurrida inadmitió de manera sobrevenida la demanda, por considerar que la pretensión de indemnización de daños materiales y morales derivan de un contrato de arrendamiento de un inmueble destinado a vivienda, debe haberse cumplido el requisito previo administrativo exigido por el artículo 94 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, ante el SUNAVI, el cual debe concluir con la resolución respectiva, lo cual no presentó el accionante.

Ahora bien la accionante recurrente en informes rendidos ante esta alzada como fundamento de su apelación aduce 1) Que la nulidad de la pretensión de daños y perjuicios de autos, se rige por el procedimiento ordinario, y que además la acumulación de pretensión de desalojo y daños y perjuicios, la Sala de Casación Civil, en sentencia 476 del 21-07-2016 y la Sala Constitucional en decisión 057 del 25-06-2023, establece que no se puede demandar pretensiones de desalojo de local comercial con el pago de una indemnización por el monto total de cánones (sic) aducidas; 2) que el artículo 94 de la Ley para la Regularización y Control de Vivienda, no se aplica, ya que la vía del agotamiento administrativo es un requisito únicamente para aquellas acciones legales que conllevan la desposesión del bien arrendado, que la demandante de daños y perjuicios no conlleva a la desposesión del bien, por lo que considera que la inadmisibilidad le lesiona la Garantía Constitucional del acceso a los órganos de administración de Justicia consagrado en el artículo 26 de Nuestra Carta Magna.

Al respecto, este Juzgador disiente de la recurrente, que en el Sub iudice no se aplica el artículo 94 de la Ley para la Regularización de alquileres de Vivienda, en virtud que no solo se aplica éste sino también el artículo 96 de dicho instrumento legal, que reafirma la obligación del requisito previo de resolución administrativa para demandar el que alguna pretensión de cumplimiento de contrato de Arrendamiento de Vivienda.

A tales efectos tenemos, que dichos artículos preceptúan:

…omissis…

De cuya lectura se determina, que cuando establece “…y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticia” distinta; está contemplando otro tipo de acción distintas a las de desalojo, cumplimiento o resolución, reintegro de sobre alquiler (sic), preferencia ofertiva, lo cual incluye la pretensión de cumplimiento de contrato o la de daños y perjuicios, tal como lo prevé el artículo 1167 del Código Civil, aplicable a todo contrato.

A su vez, respecto a la doctrina de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Civil, ambas de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia, invocada por la recurrida, es pertinente señalar que ese criterio fue cambiado por la Sala Constitucional en sentencia Nº447 de fecha 01 de abril del año en curso.

Ahora bien, dado a que los supra transcritos artículos exigen que para cualquier acción derivada de relación arrendaticia de vivienda, como es el Sub Iudice, debe tener agotado el procedimiento administrativo establecido en los artículos 7 al 10 del Decreto N.º 8.190 con Rango, valor y fuerza de Ley, los cuales preceptúan:

…omissis…

De cuya lectura se determina, que el arrendador para poder ejercer cualquier Acción derivada del Contrato de Arrendamiento de Vivienda, no solo debe haber incoado el procedimiento administrativo respectivo, sino que tiene que haberse producido un resolución de dicho órgano administrativo, requisito éste que efectivamente consta en autos, fue omitido por la accionante recurrente, incumpliendo con ello, el requisito previo exigido por el artículo 94 de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda; haciendo en consecuencia inadmisible la demanda de autos, por lo que la recurrida está ajustada a lo preceptuado por dichos artículos y así se decide.

En cuanto al argumento, que la inadmisión de la demanda le infringió el acceso al órgano de administración de justicia para hacer valer sus derechos, la cual está consagrada en el artículo 26 de Nuestra Carta Magna; este Juzgador desestima dicho alegato, por cuanto al exigir la Ley requisitos que se deban cumplir previamente para interponer a la demanda, el órgano jurisdiccional está obligado a constatar el cumplimiento de esos requisitos y de no cumplirse, pues está actuando Constitucionalmente y legalmente al negar la admisión de la acción y así se establece.

En cuanto al alegato, que la confesión ficta es un derecho adquirido que fue desconocido por la recurrida al no haberla declarado; este Juzgador disiente de la recurrente y del a quo, quien se pronunció sobre ésta declarándola NO HA LUGAR; cuando procesalmente al haberse declarado inadmisible la demanda, lo cual implica que no se tramita la causa, pues lógica y legalmente, ello impide emitir cualquier otro pronunciamiento distinto a la inadmisión dictada, y así se establece….” (Resaltados de la cita).

De la transcripción de la sentencia recurrida, esta Sala observa que el juez ad quem confirma la inadmisibilidad de la demanda declarada por el juzgado de primera instancia, fundamentando la misma en lo previsto en los artículos 94 y 96 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, señalando que la parte actora no agotó la vía administrativa previa, ni consignó resolución alguna emanada de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI) que lo autorice a acudir a la vía judicial para reclamar sus derechos.

En este sentido es de señalar que esta Sala a los fines de verificar la procedencia o no de la presente delación, conforme a lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, procede a revisar las actas que conforman el presente expediente y constata que del libelo de la demanda, interpuesto en fecha 13 de noviembre de 2024, inserto a los folios 1 al 5 del expediente, se desprende lo siguiente:

“…CAPITULO III

DEL PETITORIO

Por lo antes expuesto, acudo ante este tribunal con la finalidad de demandar a Dennys Argelys Montilla Urbina, ya identificados para que convengan o en su defecto sea condenado que:

1. La cantidad de Quince Mil Trescientos Sesenta Dólares americanos (15.360,00 USD) o su equivalente en bolívares según la tasa BCV vigente para el día del pago, que hoy es la cantidad de Bolívares Seiscientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Dos con 00/100 (Bs. 686.592,00), teniendo como referencia la tasa del día del BCV de Bs. 44,70, por concepto de daños y perjuicios/daño patrimonial.

2. La cantidad de Cinco Mil Dólares Americanos (5.000,00 USD) o su equivalente en bolívares según la tasa BCV vigente para el día del pago, que hoy es la cantidad de Bolívares Doscientos Veintitrés Mil Quinientos con 00/100 (Bs. 223.500,00), teniendo como referencia la tasa del día del BCV de Bs. 44,70 por concepto de daño patrimonial.

3. La cantidad de Cinco Mil Dólares Americanos (5.000,00 USD) o su equivalente en bolívares según la tasa BCV vigente para el día del pago, que hoy es la cantidad de Bolívares Doscientos Veintitrés Mil Quinientos con 00/100 (Bs. 223.500,00), teniendo como referencia la tasa del día del BCV de Bs. 44,70, por concepto de daño moral.

4. Tratándose de Deudas de valor, solicito que la suma demandada, excluidos los intereses de mora, sea indexada a los fines de ajustar su valor real, una vez declarada con lugar la presente demanda.

5. Las Costas Procesales, que se causen en el presente Litigio…” (Destacados de la cita).

De la transcripción anteriormente expuesta se desprende que la demanda de autos está referida a una acción por daños y perjuicios, daños materiales y daños morales, posterior a la extinción del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes.

De esta manera se puede evidenciar que la mencionada pretensión reclamada por la parte demandante es una acción indemnizatoria por los conceptos establecidos de daños y perjuicios, daños materiales y daños morales, por la presunta responsabilidad del demandado, al seguir utilizando el bien arrendado aun luego de haberse extinguido el contrato de arrendamiento y no dar contraprestación alguna por el uso del mismo.

En este sentido, se debe traer a colación que los artículos 94 y 96 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, normas denunciadas en la presente delación, estipulan lo siguiente:

“Procedimiento previo a las demandas

Artículo 94. Previo a las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias sobre inmuebles destinados a vivienda, así como, a todo proceso en el cual pudiera resultar una decisión judicial cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda, habitación o pensión, el arrendador del inmueble que pretendiere la demanda deberá tramitar, por ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, el procedimiento descrito en los artículos subsiguientes.”

“Del procedimiento administrativo

previo a la instancia judicial

Artículo 96. Previo a las demandas judiciales por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias; el procedimiento administrativo que será aplicado es el establecido en el Decreto N.º 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, descrito en los artículos 7 al 10.”

Así los artículos 94 y 96 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, disponen el establecimiento de un procedimiento previo a las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias sobre inmuebles destinados a vivienda, así como, a todo proceso en el cual pudiera resultar una decisión judicial cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda, habitación o pensión, casos en los cuales les resultará aplicable el procedimiento administrativo establecido en los artículos 7 al 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, bajo pena de ser declarada la inadmisibilidad de la demanda ejercida sin agotar previamente el señalado procedimiento administrativo.

En este orden de ideas, dentro de las referidas normas se señala que las “…demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias sobre inmuebles destinados a vivienda…” están incluidas dentro del elenco de pretensiones a las cuales les resulta exigible el procedimiento previo a las demandas, contenido en los artículos 7 al 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, se observa que, por cuanto la presente acción por indemnización de daños y perjuicios, daños patrimoniales y daño moral es producto de un contrato de arrendamiento culminado o extinguido, tal como lo señala la demandante, por lo que si existe una relación derivada de una relación arrendaticia, con lo que resultarían aplicables, en principio, los referidos artículos 94 y 96 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda a la presente controversia. Así se establece.

Sin embargo esta Sala debe observar que en su escrito libelar, específicamente, en el folio 2 del expediente, la parte actora dejó constancia de lo siguiente:

“…Es oportuno mencionar, que desde agosto del 2022 he realizado diversas gestiones para que el Demandado entregue los bienes objeto del contrato, obteniendo como respuesta la negativa del Demandado, a saber:

1. Conversaciones personales, mensajes vía WhatsApp y correspondencia vía email y personales.

2. Procedimiento ante la Defensa Pública en materia inquilinaria que signado con el N.º DP3-2023-120, inició el 31-10-2023 (adjunto copia marcada C);

3. Procedimiento de Desalojo ante la SUNAVI que signado con el N.º B2349-08-2023, inició el 09-08-23 (adjunto copia marcada D), sin lograr que el Demandado cumpla con su obligación de entregar del (sic) inmueble.

4. Inspección Ocular ante la SUNAVI, signado con el Ni SUNAVI-IO-LAR-2024-002 (adjunto copia marcada E), que da cuenta de los daños que presente que presenta el inmueble, daños que el Demandado se ha negado a reparar…”

Link de la sentencia: https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/357697-000480-151026-2026-26-028.HTML

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Nuevas reglas de facturación: libre elección del medio y transición a lo digital

Providencia SNAT/2026/00093 del SENIAT

Lo esencial de la Providencia

  • Régimen unificado: regula la emisión de facturas, órdenes de entrega, notas de débito y crédito, comprobantes de retención y certificados de débito fiscal exonerado.
  • Libre elección del medio: digital (portal y app gratuitos del SENIAT o imprenta digital autorizada) o máquina fiscal.
  • Talonarios de imprenta: solo como formato de contingencia.
  • Máquinas fiscales: se anunció la suspensión de su obligatoriedad; siguen siendo un medio válido.
  • Vigencia: 180 días continuos desde su publicación.
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Requisitos de la factura

  • Toda factura (art. 8): denominación “Factura”; numeración y N° de control consecutivos y únicos; nombre o razón social, domicilio fiscal y RIF del emisor y del adquirente; fecha y hora; descripción, cantidad y monto; base imponible, alícuota y monto del IVA.
  • Moneda extranjera: equivalente en bolívares y tipo de cambio.
  • Factura digital (art. 9): rango de números de control y código de la operación.
  • Factura impresa o de contingencia (art. 11): N° de control preimpreso, datos de la imprenta autorizada y la frase “sin derecho a crédito fiscal” en las copias.
  • Fin de la contingencia (art. 7): los documentos emitidos en físico deben registrarse en el sistema digital o enviarse en PDF al día siguiente.

Fuente: Gaceta Oficial N° 43.484 del 21-10-2026.

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El Parlamento aprueba en primera discusión la Ley sobre Ayudas a la Navegación Marítima, el 13 de octubre de 2026

La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Convención relativa a la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima, la cual busca fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad y adecuar la normativa nacional a los estándares internacionales. La denominación oficial del instrumento internacional emplea la expresión “Convención relativa a la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima.”

El proyecto de ley fue presentado este martes por la diputada Nazarela Rojas, quien reiteró que representa una garantía para el adecuado uso de las normas establecidas en materia de balizamiento, señalización e infraestructura de apoyo marítimo y fluvial dentro del territorio nacional. Explicó que la iniciativa trasciende sus aspectos exclusivamente técnicos o comerciales, para convertirse en un instrumento clave para la protección ecológica y la preservación de los ecosistemas marinos.

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Asimismo, destacó “la transición regulatoria hacia esta organización internacional, la cual abre espacios para la transferencia soberana de tecnología”, precisando que fortalece la preservación ambiental mediante rutas marítimas planificadas. Subrayó que la reducción de desvíos y la integración de los sistemas de señalización optimizan el consumo de combustible y disminuyen las emisiones, al tiempo que protegen la actividad pesquera local y la soberanía alimentaria de las zonas costeras.

Luego de su presentación ante el Pleno, el instrumento jurídico fue remitido a la Comisión Permanente competente para la elaboración del informe que servirá de base para su segunda discusión, de conformidad con lo previsto en el Reglamento Interior y de Debates del Parlamento.

Fuentes:

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¿Una captura de pantalla sirve como prueba en un juicio penal?

La Sala Constitucional estableció mediante la Sentencia Nro. 937 de fecha 07 de octubre de 2026, que los mensajes de WhatsApp y otras plataformas de mensajería tienen plena validez probatoria en los procesos penales. Sin embargo, para que dichos elementos adquieran eficacia jurídica, es indispensable la estricta observancia de métodos técnicos y científicos en su obtención, únicos capaces de garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la evidencia digital bajo los protocolos de cadena de custodia.

Sin una adecuada preservación, la información pierde su valor técnico y deja de ser inalterable. En materia penal, los detalles marcan la diferencia entre una prueba clave y la nulidad absoluta.

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Puntos clave de la Sentencia Nro. 937:

  • Invalidez de capturas manuales: las capturas de pantalla y la exportación simple de chats vía correo omiten el uso de software especializado como Móvil Edit y vulneran el Manual Único de Cadena de Custodia.
  • Garantía de inalterabilidad o llamado Código Hash: la clonación forense del dispositivo y la generación de algoritmos o códigos Hash son indispensables para certificar la integridad y autenticidad de los mensajes.
  • Licitud de la prueba con base al artículo 225 del COPP: los jueces deben desestimar aquellas evidencias informáticas que desde su origen violen los protocolos criminalísticos, ya que están viciadas de nulidad absoluta.

Extracto de la sentencia:

“De las resultas del debate oral y público, y específicamente de las deposiciones de los expertos (Sargento Segundo Edimir Jiménez y Sargento Francisco Colina Mendoza), quedó demostrado que las extracciones de la aplicación WhatsApp (Experticias Nros. 1529-23, 1530-23, 1531-23, 1532-23 y 082-23) se realizaron mediante un método manual, consistente en capturas de pantalla y exportación de chats vía correo electrónico, omitiendo el uso del sistema de extracción forense disponible (Móvil Edit). Esta práctica inobservó de manera flagrante los lineamientos de la Sección VI peritaje informático. De los lineamientos específicos del peritaje informático. Del Protocolo Anexo al Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas, imposibilitando la clonación del dispositivo y la generación de los algoritmos o códigos Hash, indispensables para certificar la inalterabilidad, autenticidad e integridad de la evidencia digital, además, se constató la ausencia de firmas, sellos institucionales y conclusiones periciales en dichas actas.

Frente a tales vicios, la desestimación probatoria decretada por el Tribunal de Juicio no constituyó un acto ilógico, sino la materialización del mandato previsto en el artículo 225 del Código Orgánico Procesal Penal referente a la licitud de la prueba, al respecto, esta Sala Constitucional debe dejar sentado que la evidencia digital, tales como los mensajes de datos provenientes de la aplicación WhatsApp o cualquier otra plataforma de mensajería, ostentan plena validez probatoria en los procesos penales, erigiéndose en muchos casos como pruebas fundamentales para la resolución de la controversia; no obstante, para que dichos elementos adquieran eficacia jurídica, resulta indispensable la estricta observancia del método técnico y científico correcto para la obtención de tales datos, único mecanismo capaz de mantener incólume e inalterable la información que habrá de ser valorada en la fase de juicio. Adicionalmente, resulta un despropósito jurídico que la referida Corte de Apelaciones exija a un juez de juicio valorar el fondo o contenido de una prueba que, desde su génesis, se encuentra viciada de nulidad por violar los protocolos criminalísticos orientados a salvaguardar el debido proceso.”

Ver la Sentencia Nro. 937 en el sitio del TSJ

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El 29 de septiembre de 2026, Venezuela aprobó el Anexo VI del convenio MARPOL (vigente internacionalmente desde 2005) para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por buques.

Limita las emisiones de óxidos de azufre SOx, óxidos de nitrógeno NOx y material particulado, prohíbe la emisión deliberada de sustancias que agotan la capa de ozono y fija normas más estrictas en zonas de control de emisiones designadas.

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El SOx, NOx y las partículas (provenientes de la combustión de fósiles) causan esmog fotoquímico, daños pulmonares y lluvia ácida.

Su cumplimiento requiere el uso de fueloil de bajo contenido en azufre o el empleo de sistemas de limpieza de gases de escape.

Las restricciones aplican a todos los equipos de combustión a bordo, incluidos motores principales y auxiliares, calderas y generadores de gas inerte.

Los motores diésel deben certificarse bajo el Código Técnico sobre NOx 2008, siendo exigible la inspección tanto por el Estado de abanderamiento (registro) como por el Estado del puerto.

Esta aprobación cumple con el derecho a un medio ambiente sano estipulado en el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La aprobación del Anexo VI de MARPOL refuerza la regulación marítima y ratifica nuestro compromiso ambiental. Reducir la huella de carbono es una tarea que empieza en nuestras costas.

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La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la magistrada Marjorie Calderón Guerrero, resolvió mediante la Sentencia N.º 0080 del 29 de abril de 2019 el juicio por cobro de acreencias laborales que Vanessa Carolina Guillén Parra siguió contra el Grupo MLK, antes Grupo de Especialidades Odontológicas Alto Centro, y, solidariamente, contra la ciudadana Michelle Annetta Lapadula Kolosova y contra Clínicas Rescarven, C.A. El problema que la Sala debía resolver consistió en determinar si Clínicas Rescarven podía ser declarada responsable solidaria de las acreencias laborales de una odontóloga que nunca fue su empleada directa, sino de la empresa contratista encargada de prestar el servicio odontológico dentro de sus instalaciones.

Guillén Parra había trabajado como odontóloga vinculada al Grupo MLK, empresa que a su vez mantenía un contrato de prestación de servicios odontológicos con Clínicas Rescarven. La demandante reclamó el reconocimiento de la relación de trabajo, el pago de los conceptos laborales derivados de ella y, adicionalmente, pretendió extender esa responsabilidad a Rescarven bajo el argumento de que el esquema contractual entre ambas empresas constituía una tercerización en los términos de los artículos 47 y 48 de la LOTTT. Rescarven, por su parte, se defendió sosteniendo que el Grupo MLK operaba como una contratista genuina, con personal, gestión y recursos propios, y que su intervención se limitaba a recibir un servicio odontológico especializado dentro del conjunto más amplio de prestaciones de salud que ofrece.

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Al declarar con lugar el recurso de Rescarven, la Sala anuló el fallo recurrido y asumió el conocimiento del fondo de la controversia, lo que le permitió pronunciarse directamente sobre la procedencia de la solidaridad reclamada. Para eso acudió al artículo 50 de la LOTTT, que define cuándo una obra o servicio contratado resulta inherente o conexo a la actividad del beneficiario, presupuesto indispensable para que opere la responsabilidad solidaria del contratante frente a las obligaciones laborales del contratista. Según la propia norma, una actividad es inherente cuando participa de la misma naturaleza que la del contratante o cuando su ejecución constituye, de manera permanente, una fase indispensable de su proceso productivo; y es conexa cuando está íntimamente vinculada a esa actividad, o resulta de ella con carácter permanente. La norma añade además una presunción: si el contratista deriva del contratante la mayor parte de su volumen de negocio, se presume que existe esa inherencia o conexidad.

Aplicado el estándar al caso concreto, la Sala dejó constancia de que el juzgador de alzada ya había verificado que no se encontraban llenos los extremos para que operara la inherencia y la conexidad: el objeto social de Clínicas Rescarven abarca la atención primaria de salud en múltiples especialidades, de las cuales la odontología es apenas una, y el Grupo MLK, por su parte, prestaba también servicios de medicina prepagada y empresarial a clientes distintos de Rescarven. Sobre esa base fáctica, ya establecida en la instancia, no estaba demostrado que el servicio odontológico constituyera una fase indispensable y permanente del proceso productivo de la clínica, en la medida en que su ausencia no impediría que Rescarven siguiera funcionando con normalidad. Tampoco quedó acreditado que la mayor fuente de lucro del Grupo MLK proviniera de los servicios prestados a Rescarven, extremo cuya carga probatoria correspondía a la demandante y que esta no satisfizo. Al anular el fallo recurrido y asumir el conocimiento del fondo, la Sala hizo suya esa valoración fáctica y, al faltar ambos supuestos del artículo 50, declaró que no operaba la responsabilidad solidaria pretendida, con lo cual la acción dirigida contra la clínica resultó sin lugar.

La sentencia refuerza ese razonamiento con un precedente propio de la misma Sala, dictado en 2016 en un caso prácticamente idéntico contra el mismo grupo de clínicas, donde ya se había establecido que el Grupo MLK ejecutaba los servicios odontológicos con profesionales, recursos e instalaciones propios, gestionaba y costeaba el servicio, contrataba y remuneraba directamente a los odontólogos, y asumía la responsabilidad de las obligaciones laborales frente a ellos. Ese conjunto de circunstancias, dice la Sala, encaja en la figura del contratista que ejecuta obras o servicios con sus propios elementos conforme al artículo 49 de la LOTTT, lo que resulta incompatible con calificarlo como simple intermediario o tercerizador.

Conviene precisar, porque el resumen que suele acompañar a este fallo tiende a simplificarlo en exceso, que la Sala no negó toda obligación laboral en el caso. La demanda resultó parcialmente con lugar frente al Grupo MLK y frente a Lapadula Kolosova; lo que se excluyó fue, específicamente, la extensión de esa responsabilidad a Clínicas Rescarven y la aplicación a la demandante de los beneficios convencionales de esta última. Reducir el fallo a una simple declaración de que «no hubo relación laboral» sería inexacto: lo que la Sala descartó fue la solidaridad de un tercero beneficiario, no la existencia de acreencias laborales frente al empleador directo.

Es importante distinguir, en este punto, dos instituciones que el propio caso pone en tensión. La tercerización de los artículos 47 y 48 exige fraude o simulación destinados a evadir obligaciones laborales, y su consecuencia natural, cuando se declara, es la incorporación del trabajador a la nómina del beneficiario principal. La responsabilidad solidaria del artículo 50, en cambio, no presupone fraude alguno: puede surgir incluso frente a una contratación mercantil enteramente legítima, siempre que la obra contratada sea inherente o conexa a la actividad del contratante. En Guillén Parra fracasaron ambas vías frente a Rescarven, pero por razones distintas: la solidaridad, porque no se probó la inherencia o conexidad exigida por el artículo 50; la tercerización, porque quedó acreditada la autonomía técnica y patrimonial del Grupo MLK conforme al artículo 49. Confundir estas dos figuras, tratándolas como si fueran intercambiables, es uno de los errores más frecuentes al leer sentencias de este tipo.

Para las clínicas, hospitales y demás entidades que subcontratan especialidades médicas, el fallo traza una hoja de ruta de defensa razonablemente clara: demostrar que el servicio contratado no es indispensable y permanente para su actividad principal, y que el contratista posee autonomía real, verificable en la gestión, en los recursos aportados y en la titularidad de los medios de trabajo. Para los contratistas especializados, confirma que la organización efectiva del servicio, con personal y patrimonios propios, es lo que permite sostener su condición de tales frente a un reclamo de tercerización. Y para los profesionales que prestan servicios bajo estos esquemas, la sentencia deja una advertencia poco cómoda pero necesaria: trabajar físicamente dentro de las instalaciones de una entidad, o incluso prestarle servicios de forma continuada, no basta por sí solo para activar su responsabilidad solidaria; es preciso acreditar, con prueba concreta, que la actividad contratada es inherente o conexa a su proceso productivo.

El valor de este precedente ofrece un criterio operativo para distinguir cuándo la pertenencia a un mismo sector económico amplio, como la salud, no equivale a la integración funcional que exige el artículo 50. Su límite es igual de evidente, porque la conclusión depende enteramente de la prueba aportada en cada caso concreto sobre el peso relativo del servicio dentro del proceso productivo del contratante y sobre la estructura de ingresos del contratista. No crea, por tanto, una inmunidad genérica para las clínicas que subcontratan especialidades, sino un estándar de prueba exigente que, en este caso particular, la demandante no logró probar.

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La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia dictada el 6 de agosto de 2026, resolvió una controversia derivada de la liquidación y partición de la comunidad conyugal entre Francisco Bielsa García y María Alejandra Kaufman González. El punto central del debate fue determinar la eficacia de unas capitulaciones matrimoniales que habían sido autenticadas ante notaría antes del matrimonio, pero cuya inscripción en el Registro correspondiente no constaba acreditada.

El registro como requisito esencial de las capitulaciones matrimoniales

El artículo 143 del Código Civil establece que las capitulaciones deben otorgarse ante Registrador Subalterno antes del matrimonio o, si constan en documento auténtico, deben inscribirse en la Oficina Subalterna de Registro correspondiente antes de la celebración del matrimonio, «so pena de nulidad».

Sobre esta exigencia, la Sala fue categórica al señalar que cuando las capitulaciones presentan un defecto de forma de esta naturaleza son «radicalmente nulas», pues la ausencia de la solemnidad registral determina que el contrato «no existe válidamente» y, por tanto, no produce efectos jurídicos.

Esta calificación tiene una consecuencia procesal relevante: no resulta aplicable el plazo de cinco años previsto en el artículo 1.346 del Código Civil, porque dicho régimen corresponde a supuestos de nulidad relativa. Para la Sala, la falta de inscripción previa exigida por el artículo 143 configura una nulidad absoluta derivada de la violación de una norma imperativa de orden público familiar.

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El fallo también se apoya en la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, particularmente en la sentencia N.° 652 del 26 de noviembre de 2021, reiterando que las capitulaciones pueden celebrarse o modificarse incluso durante el matrimonio, pero «nunca tendrán efectos retroactivos sino hacia el futuro, y entrarán en vigencia una vez registradas».

Consecuencias prácticas del fallo

La Sala concluyó que la autenticación notarial, por sí sola, no sustituye la protocolización registral exigida legalmente. Al no cumplirse esa formalidad, declaró ineficaz el régimen convencional de separación absoluta de bienes y determinó que entre los cónyuges había regido el régimen supletorio de comunidad de gananciales, quedando sujetos a partición los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio.

En términos prácticos, el criterio deja tres advertencias: (i) las capitulaciones requieren cumplimiento estricto de las solemnidades registrales; (ii) la mera autenticación ante notaría no garantiza su validez; y (iii) la omisión de una formalidad esencial puede conducir a nulidad absoluta y modificar radicalmente el régimen patrimonial aplicable al matrimonio.

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El Juzgado Quinto Superior del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas resolvió la apelación interpuesta por Mónica Bohorquez de Candanoza, en su condición de parte actora y recurrente, dentro del juicio que sostiene contra Ángela Rosa Romano Pari por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales. Entre las denuncias formuladas en el escrito de apelación figuraba que la recurrente sostuvo, por primera vez en la audiencia oral de apelación, que la relación examinada constituía un supuesto de tercerización en los términos del artículo 47 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).

Ese argumento, sin embargo, no fue alegado en el libelo de la demanda ni formó parte del contradictorio en la audiencia de juicio de primera instancia. El tribunal debía determinar, entonces, si un hecho no controvertido en la etapa cognitiva del proceso podía incorporarse al debate en esta fase de la alzada.

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Resumen: El tribunal determinó que la denuncia de tercerización introducida por primera vez en apelación es improcedente por extemporánea. Al no haber sido planteada en el libelo de la demanda, su admisión en segunda instancia violentaría el derecho a la defensa y al debido proceso, dejando claro que, más allá de si existió o no fraude laboral, los alegatos que modulan la naturaleza del vínculo deben formularse en la oportunidad procesal correspondiente.

El punto de partida es simple: la denuncia de tercerización no formaba parte del libelo con el que la propia Bohorquez de Candanoza había iniciado la demanda, ni había sido debatida en la audiencia de juicio de primera instancia. Apareció recién en la audiencia oral y pública de apelación, de su propia voz como recurrente. Y esa circunstancia, más que la existencia o no de un fraude laboral, terminó siendo el eje de toda la decisión.

El tribunal, antes de resolver el punto procesal, dejó sentado un criterio de fondo que conviene destacar porque tiene valor por sí mismo: no basta con que una prestación de servicios tenga la apariencia externa de tercerización para calificarla como tal. El tribunal exige comprobar simulación o fraude reales, porque el vínculo entre las partes puede corresponder legítimamente a un negocio de naturaleza comercial que no oculta ninguna relación de trabajo. Es una precisión importante, porque recuerda que invocar tercerización no basta con nombrarla; hay que probarla.

Pero inmediatamente después, el tribunal advirtió que ese análisis de fondo resultaba, en este caso concreto, innecesario. El alegato de tercerización jamás fue introducido en el libelo ni debatido en la audiencia de juicio, así que admitirlo en la apelación equivaldría a incorporar un hecho nuevo que la demandada no tuvo oportunidad de controlar en su momento procesal. Eso, para el tribunal, violentaría el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad procesal entre las partes. Por esa razón declaró improcedente la denuncia, sin entrar a examinar si efectivamente existió o no la tercerización alegada.

Esa distinción es la que da valor al fallo y la que conviene no perder de vista: el tribunal no dijo que no hubo tercerización entre Bohorquez de Candanoza y Romano Pari. Dijo que no podía pronunciarse sobre eso, porque la oportunidad para plantearlo y probarlo, dentro del propio juicio que la demandante había promovido, ya había pasado. Confundir ambas cosas, una declaración sobre los hechos y una declaración sobre la oportunidad procesal, lleva a leer este fallo como algo que no es.

La regla que deja la sentencia es, en el fondo, una regla de congruencia procesal: la denuncia de tercerización, como cualquier hecho constitutivo de la pretensión, debe formularse en el libelo de demanda o en la contestación, y ser objeto de contradictorio en primera instancia. Introducirla por primera vez en apelación la hace improcedente por extemporánea, sin importar cuánto mérito sustantivo pueda tener, incluso cuando quien la introduce es la propia parte que redactó el libelo original y tuvo, desde el principio, la oportunidad de incluirla.

Para los litigantes laborales, la lección es sobre todo metodológica. Cualquier alegato de tercerización, o de cualquier otra figura que module la naturaleza del vínculo, debe integrarse desde el libelo, porque los tribunales de alzada del proceso laboral venezolano no son un espacio para renovar la causa de pedir.

Nota sobre el alcance del fallo: Se trata de un fallo de un tribunal superior regional, sin el alcance doctrinal de una sentencia de casación del Tribunal Supremo de Justicia, pero ilustrativo de cómo los principios de preclusión procesal operan como límite frente a pretensiones de tercerización planteadas fuera de tiempo. No fija un criterio sobre qué constituye tercerización más allá de reiterar la definición legal, y tampoco resuelve si Romano Pari incurrió o no en fraude laboral frente a Bohorquez de Candanoza.

El caso confirma algo que la práctica forense laboral venezolana constata con frecuencia: buena parte de los alegatos de tercerización no fracasan por insuficiencia probatoria, sino por defectos en la oportunidad procesal de su planteamiento. Quien pretenda invocarla debe hacerlo desde el libelo de la demanda, de modo que la contraparte disponga de la oportunidad procesal para ejercer su defensa y controlar la prueba correspondiente. De lo contrario, por sólido que sea su fundamento fáctico, el alegato queda expuesto a una declaratoria de improcedencia que se limita a la extemporaneidad de su planteamiento, sin resolver ni adelantar nada sobre su mérito sustantivo.

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