{"id":6662,"date":"2026-07-01T11:17:19","date_gmt":"2026-07-01T15:17:19","guid":{"rendered":"https:\/\/aureliofernandezconcheso.com\/es\/?p=6662"},"modified":"2026-07-02T16:04:01","modified_gmt":"2026-07-02T20:04:01","slug":"modernizacion-del-sistema-de-patentes-en-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aureliofernandezconcheso.com\/es\/modernizacion-del-sistema-de-patentes-en-venezuela\/","title":{"rendered":"Modernizaci\u00f3n del sistema de patentes en Venezuela"},"content":{"rendered":"\t\t
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Las patentes de invenci\u00f3n constituyen el eje t\u00e9cnico y econ\u00f3mico del sistema de propiedad industrial. Como instrumentos jur\u00eddicos que confieren al titular el derecho exclusivo de explotaci\u00f3n de una invenci\u00f3n por un per\u00edodo determinado, a cambio de la divulgaci\u00f3n p\u00fablica del conocimiento creado, las patentes expresan la tensi\u00f3n entre el monopolio temporal y el acceso social al conocimiento. Esta tensi\u00f3n configura la ratio iuris sobre la cual descansa el sistema internacional de protecci\u00f3n de invenciones.<\/p>


El r\u00e9gimen venezolano de propiedad industrial presenta hoy una contradicci\u00f3n normativa de car\u00e1cter estructural. Por una parte, la Rep\u00fablica es signataria del Convenio de Par\u00eds para la Protecci\u00f3n de la Propiedad Industrial en su versi\u00f3n enmendada en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech que establece la Organizaci\u00f3n Mundial del Comercio, aprobado mediante Ley publicada en la Gaceta Oficial N\u00b0 4.829 Extraordinario del 29 de diciembre de 1994. Por otra parte, el instrumento legal de base en materia de patentes es la Ley de Propiedad Industrial, sancionada por el Congreso de la Rep\u00fablica el 29 de agosto de 1955. Esta ley, promulgada mediante \u00abEjec\u00fatese\u00bb presidencial el 2 de septiembre de 1955 y publicada originalmente en la Gaceta Oficial N\u00b0 24.873 del 14 de octubre de 1955, no contempla categor\u00edas esenciales de la patentabilidad contempor\u00e1nea, carece de mecanismos administrativos \u00e1giles y no guarda correspondencia con los est\u00e1ndares m\u00ednimos exigidos por el derecho internacional vigente en la materia. La tensi\u00f3n entre el contenido de los compromisos internacionales asumidos y la insuficiencia del ordenamiento nacional constituye la principal disfunci\u00f3n del sistema venezolano de propiedad industrial.<\/p>\n

La salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), formalizada el 22 de abril de 2006, profundiz\u00f3 este rezago al desactivar la aplicaci\u00f3n de la Decisi\u00f3n 486 del 14 de septiembre de 2000, que establec\u00eda el R\u00e9gimen Com\u00fan sobre Propiedad Industrial y representaba un modelo normativo armonizado con los compromisos multilaterales asumidos por los pa\u00edses miembros. Actualmente integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Per\u00fa, la CAN mantiene vigente la Decisi\u00f3n 486 como instrumento com\u00fan de propiedad industrial para los cuatro Estados que permanecen en el bloque. Venezuela, en cambio, retorn\u00f3 a un marco legal hist\u00f3ricamente rezagado, generando entre otros efectos una situaci\u00f3n de incertidumbre jur\u00eddica para las solicitudes de patentes tramitadas bajo el r\u00e9gimen andino.<\/p>\n


El presente trabajo examina esta problem\u00e1tica desde tres dimensiones interconectadas: (i) el desaf\u00edo jur\u00eddico de modernizar el ordenamiento venezolano en consonancia con los est\u00e1ndares de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organizaci\u00f3n Mundial del Comercio (OMC); (ii) el desaf\u00edo tecnol\u00f3gico de adaptar los criterios de patentabilidad a las creaciones propias del siglo XXI, incluyendo las invenciones asistidas por inteligencia artificial; y (iii) el desaf\u00edo econ\u00f3mico de posicionar a Venezuela como destino atractivo para la inversi\u00f3n en investigaci\u00f3n y desarrollo (I+D) y la transferencia de tecnolog\u00eda.<\/p>\n


La metodolog\u00eda empleada es dogm\u00e1tico-jur\u00eddica con enfoque de derecho comparado. Se utilizan como fuentes primarias la Ley de Propiedad Industrial venezolana de 1955, el Convenio de Par\u00eds, el Acuerdo ADPIC, el Tratado de Cooperaci\u00f3n en materia de Patentes (PCT) y la doctrina especializada nacional e internacional. Las fuentes secundarias comprenden estad\u00edsticas de la OMPI, documentos institucionales y an\u00e1lisis de pol\u00edtica legislativa.<\/p>\n

Las patentes de invenci\u00f3n constituyen el eje t\u00e9cnico y econ\u00f3mico del sistema de propiedad industrial.<\/p>\n

\nVer m\u00e1s…<\/summary>\n

1. EL MARCO JUR\u00cdDICO DEL SISTEMA DE PATENTES EN VENEZUELA<\/h2>\n

1.1. La Ley de Propiedad Industrial de 1955: vigencia y limitaciones estructurales<\/strong><\/p>\n

La Ley de Propiedad Industrial venezolana fue sancionada por el Congreso de la Rep\u00fablica el 29 de agosto de 1955, promulgada mediante \u00abEjec\u00fatese\u00bb presidencial el 2 de septiembre de 1955 y publicada originalmente en la Gaceta Oficial N\u00b0 24.873 del 14 de octubre de 1955. Leonel Salazar Reyes-Zumeta ha precisado con rigor hist\u00f3rico que la denominaci\u00f3n correcta de la ley es la de 1955 y no 1956, como err\u00f3neamente se reitera en numerosos escritos acad\u00e9micos, pues la publicaci\u00f3n del a\u00f1o 1956 en la Gaceta Oficial N\u00b0 25.227, del 10 de diciembre de 1956, correspondi\u00f3 \u00fanicamente a una reimpresi\u00f3n por agotamiento de la primera edici\u00f3n, conforme consta expresamente en el Sumario de dicha publicaci\u00f3n.
Esta ley regula, en sus disposiciones sustantivas, las patentes de invenci\u00f3n, las patentes de mejora, los modelos y dibujos industriales, y las marcas comerciales. En materia de patentes, el art\u00edculo 14 delimita el objeto patentable mediante una enunciaci\u00f3n positiva que incluye: (1) todo producto nuevo, definido y \u00fatil; (2) toda nueva m\u00e1quina, herramienta o instrumento de uso industrial o de aplicaci\u00f3n medicinal, t\u00e9cnica o cient\u00edfica; (3) toda nueva aplicaci\u00f3n industrial de medios conocidos para obtener un resultado o producto nuevos; y (4) los nuevos procedimientos para la preparaci\u00f3n de materia u objetos de uso industrial o comercial.
El art\u00edculo 15 de la ley establece exclusiones de la patentabilidad que no se alinean con las categor\u00edas contempladas en el Acuerdo ADPIC. Destacan, en particular, la ausencia de protecci\u00f3n para: (i) los circuitos integrados y esquemas de trazado; (ii) los modelos de utilidad como categor\u00eda aut\u00f3noma; (iii) los m\u00e9todos de diagn\u00f3stico, terap\u00e9uticos y quir\u00fargicos; y (iv) los programas de ordenador. Asimismo, la ley de 1955 no prev\u00e9 ning\u00fan mecanismo de licencias obligatorias de alcance an\u00e1logo al art\u00edculo 31 del ADPIC.
En cuanto al plazo de protecci\u00f3n, la ley de 1955 establece en su art\u00edculo 9 que las patentes se expiden \u00abpor cinco o diez a\u00f1os a voluntad del solicitante\u00bb. Este plazo resulta incompatible con el art\u00edculo 33 del ADPIC, que fija un m\u00ednimo de veinte (20) a\u00f1os contados desde la fecha de presentaci\u00f3n de la solicitud. La ley vigente no consagra este est\u00e1ndar m\u00ednimo, lo que genera inseguridad jur\u00eddica tanto para los titulares de patentes como para quienes acceden al dominio p\u00fablico de las invenciones.
Ignacio de Le\u00f3n advirti\u00f3, en el contexto del an\u00e1lisis de la Decisi\u00f3n 344 del Acuerdo de Cartagena, que la ausencia de una protecci\u00f3n efectiva de los derechos de propiedad industrial constituye un desincentivo estructural para la inversi\u00f3n extranjera directa, se\u00f1alando que \u00abel pilar fundamental del desarrollo de los pueblos es justamente la uniformidad de su ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. Esta observaci\u00f3n, formulada en la d\u00e9cada de los noventa, mantiene plena vigencia frente a la situaci\u00f3n actual del ordenamiento venezolano.<\/p>\n

1.2. La denuncia del Acuerdo de Cartagena y sus consecuencias normativas<\/p>\n

La denuncia del Acuerdo de Cartagena por Venezuela, anunciada el 19 de abril de 2006 y formalizada el 22 de abril de ese a\u00f1o por el entonces Presidente de la Rep\u00fablica, implic\u00f3 la desactivaci\u00f3n, cinco a\u00f1os despu\u00e9s, de la Decisi\u00f3n 486 de la Comunidad Andina, que regulaba el r\u00e9gimen com\u00fan de propiedad industrial. Este instrumento, vigente desde el 14 de septiembre de 2000, hab\u00eda incorporado a Venezuela en un est\u00e1ndar normativo armonizado con el derecho de la Uni\u00f3n Europea y de la OMPI, dotando al sistema nacional de instituciones modernas: el dise\u00f1o industrial unificado, la protecci\u00f3n de secretos empresariales, las denominaciones de origen, las licencias obligatorias de amplio espectro y los mecanismos de observancia reforzada.
La Decisi\u00f3n 486 representa el instrumento de propiedad industrial m\u00e1s completo adoptado por la Comunidad Andina. Sus 291 art\u00edculos regulan de manera sistem\u00e1tica las patentes de invenci\u00f3n (art\u00edculos 14 al 80), los modelos de utilidad (art\u00edculos 81 al 92), los dise\u00f1os industriales (art\u00edculos 113 al 131), los secretos empresariales (art\u00edculos 260 al 266), las marcas y signos distintivos (art\u00edculos 134 al 224), las denominaciones de origen (art\u00edculos 201 al 220) y las indicaciones geogr\u00e1ficas. Colombia, Per\u00fa, Ecuador y Bolivia, Estados miembros actuales de la CAN, contin\u00faan aplicando este r\u00e9gimen como derecho comunitario de aplicaci\u00f3n directa y preferente sobre la legislaci\u00f3n interna. La salida de Venezuela implic\u00f3, por consiguiente, el retorno a un r\u00e9gimen nacional radicalmente inferior en su cobertura y modernidad.
Como consecuencia directa del retiro de la Comunidad Andina, Carolina Lourdes Rodr\u00edguez Aguilera y Aura Esther Troconis Troconis documentaron la p\u00e9rdida de beneficios concretos: la desaparici\u00f3n de la potestad administrativa del Servicio Aut\u00f3nomo de Propiedad Intelectual (SAPI) para dictar medidas cautelares y la desprotecci\u00f3n de los circuitos integrados, entre otros. Debe precisarse, adem\u00e1s, que el plazo de uso exclusivo de una marca pas\u00f3 de diez (10) a\u00f1os plazo establecido por la Decisi\u00f3n 486 a quince (15) a\u00f1os, previsto en el art\u00edculo 30 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955; es decir, el plazo aument\u00f3 num\u00e9ricamente al volver a la ley nacional, aunque el r\u00e9gimen andino era m\u00e1s moderno en sus condiciones de renovaci\u00f3n, observancia y publicidad registral.
Desde el punto de vista del derecho internacional, la Comunicaci\u00f3n del SAPI del 12 de septiembre de 2008 restaur\u00f3 formalmente la aplicaci\u00f3n \u00edntegra de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, con la salvedad de que sus disposiciones no deben contrariar la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999. Esta cl\u00e1usula de compatibilidad constitucional adquiere relevancia en virtud del art\u00edculo 98 de la CRBV que reconoce y protege la propiedad intelectual y del art\u00edculo 124, que garantiza los derechos de propiedad intelectual colectiva de los pueblos ind\u00edgenas, prohibiendo expresamente el registro de patentes sobre conocimientos y recursos ancestrales.<\/p>\n

1.3. El marco jur\u00eddico internacional vinculante para Venezuela<\/strong><\/p>\n

Venezuela mantiene obligaciones internacionales en materia de patentes derivadas de los siguientes instrumentos: (i) el Convenio de Par\u00eds para la Protecci\u00f3n de la Propiedad Industrial, en su versi\u00f3n enmendada de Estocolmo (1967); (ii) el Acuerdo ADPIC, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech que establece la OMC, aprobado mediante Ley Aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial N.\u00b0 4.829 Extraordinario del 29 de diciembre de 1994; y (iii) el Convenio que establece la OMPI (1967). El Arreglo de Estrasburgo (1971) sobre clasificaci\u00f3n internacional de patentes y el Tratado de Cooperaci\u00f3n en materia de Patentes (PCT) no han sido suscritos por Venezuela.
El Acuerdo ADPIC representa el umbral m\u00ednimo internacional obligatorio. Su art\u00edculo 27.1 exige que los Estados miembros otorguen patentes para las invenciones, tanto de productos como de procedimientos, en todos los campos de la tecnolog\u00eda, siempre que sean nuevas, supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicaci\u00f3n industrial. El ordenamiento venezolano de 1955 satisface parcialmente estos requisitos en lo que respecta a las invenciones de procedimientos industriales, pero presenta graves insuficiencias en cuanto a la protecci\u00f3n de invenciones de productos farmac\u00e9uticos y en lo que ata\u00f1e a los criterios de novedad absoluta.
Las flexibilidades del ADPIC especialmente las licencias obligatorias (art\u00edculo 31) y las excepciones limitadas a los derechos de patente (art\u00edculo 30) representan herramientas de pol\u00edtica p\u00fablica que Venezuela podr\u00eda aprovechar en una nueva legislaci\u00f3n, particularmente en sectores estrat\u00e9gicos como la salud p\u00fablica y la seguridad alimentaria. Carlos M. Correa ha se\u00f1alado que el margen de autonom\u00eda normativa del ADPIC es m\u00e1s amplio de lo que frecuentemente se reconoce, destacando que la Declaraci\u00f3n de Doha de 2001 reafirm\u00f3 expresamente el derecho de los Miembros de la OMC a utilizar esas flexibilidades en beneficio de la salud p\u00fablica.<\/p>\n

2. DESAF\u00cdOS JUR\u00cdDICOS: LA NECESARIA ACTUALIZACI\u00d3N LEGISLATIVA<\/h2>\n

2.1. Insuficiencias de la ley vigente frente al est\u00e1ndar OMPI<\/strong><\/p>\n

La brecha entre la Ley de Propiedad Industrial de 1955 y los est\u00e1ndares contempor\u00e1neos de la OMPI puede sistematizarse en cinco \u00e1reas cr\u00edticas.
Primera: ausencia de protecci\u00f3n aut\u00f3noma para modelos de utilidad. La Decisi\u00f3n 486 de la CAN (art\u00edculos 81 al 92) y las legislaciones latinoamericanas vigentes Argentina (Decreto-Ley N\u00b0 6.673\/63), Colombia (v\u00eda Decisi\u00f3n 486), M\u00e9xico (Ley de la Propiedad Industrial de 1991, reformada en 2020)\u2014 contemplan esta figura, que protege las invenciones de menor nivel inventivo, pero de aplicaci\u00f3n industrial directa. El ordenamiento venezolano de 1955 fusiona esta categor\u00eda con los \u00abmodelos industriales\u00bb, generando confusiones conceptuales con los dise\u00f1os industriales que vulneran la sistematicidad que debe caracterizar todo ordenamiento jur\u00eddico moderno.
Segunda: restricci\u00f3n en el campo de patentabilidad farmac\u00e9utica. El art\u00edculo 15 de la ley de 1955 excluye de la patentabilidad, entre otros objetos, los medicamentos. Esta exclusi\u00f3n es contraria al art\u00edculo 27.1 del ADPIC, que no admite discriminaci\u00f3n por campo tecnol\u00f3gico. Si bien el ADPIC permite invocar la excepci\u00f3n de salud p\u00fablica del art\u00edculo 31 y la Declaraci\u00f3n de Doha de 2001, ello requiere una regulaci\u00f3n expresa y transparente que el ordenamiento vigente no provee.
Tercera: inexistencia de medidas cautelares administrativas. El SAPI carece de potestad para adoptar medidas cautelares de protecci\u00f3n urgente, funci\u00f3n que s\u00ed ten\u00eda bajo la Decisi\u00f3n 486 (art\u00edculos 243 al 256). Esta carencia obliga a los titulares a acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, con los costos de transacci\u00f3n y las demoras que ello implica.
Cuarta: plazo de protecci\u00f3n insuficiente. Como se indic\u00f3, la ley de 1955 establece plazos de cinco o diez a\u00f1os (art\u00edculo 9), en tanto el art\u00edculo 33 del ADPIC fija un m\u00ednimo de veinte (20) a\u00f1os. Esta discrepancia genera inseguridad jur\u00eddica para los titulares de derechos y para quienes acceden al dominio p\u00fablico.
Quinta: ausencia de protecci\u00f3n de los esquemas de trazado de circuitos integrados. El art\u00edculo 35 del ADPIC exige la protecci\u00f3n de estos derechos conforme al Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Tratado de Washington o IPIC, 1989), obligaci\u00f3n que la Ley de Propiedad Industrial de 1955 no atiende.<\/p>\n

2.2. La adhesi\u00f3n al PCT como v\u00eda de modernizaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

El Tratado de Cooperaci\u00f3n en materia de Patentes (PCT), administrado por la OMPI con sede en Ginebra, es el instrumento multilateral que permite a un solicitante presentar una \u00fanica solicitud internacional de patente con efectos en los Estados parte. Al 1 de abril de 2026, el PCT cuenta con 158 Estados contratantes, lo que lo convierte en el sistema m\u00e1s extendido de protecci\u00f3n internacional de invenciones. En 2023 se presentaron aproximadamente 272.600 solicitudes PCT a nivel mundial, cifra que confirma la centralidad de este instrumento en el sistema global de patentes.
Venezuela no es parte del PCT. Esta situaci\u00f3n coloca al pa\u00eds en desventaja respecto de todos sus principales socios comerciales y competidores regionales: Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Per\u00fa, Ecuador y M\u00e9xico se han adherido al tratado. La no-adhesi\u00f3n implica que los inventores venezolanos deben presentar solicitudes nacionales independientes en cada jurisdicci\u00f3n donde deseen obtener protecci\u00f3n, con los costos y dificultades administrativas que ello conlleva.
La adhesi\u00f3n al PCT requerir\u00eda, como condici\u00f3n previa, la actualizaci\u00f3n del r\u00e9gimen venezolano de patentes para ajustarlo a las exigencias del Reglamento del PCT en particular, las normas sobre novedad absoluta, los plazos del Cap\u00edtulo I y del Cap\u00edtulo II del tratado y la habilitaci\u00f3n de la oficina nacional como autoridad receptora. Esta actualizaci\u00f3n no puede concretarse sin la reforma legislativa integral del ordenamiento interno.<\/p>\n

2.3. La par\u00e1lisis legislativa: diagn\u00f3stico y causas<\/strong><\/p>\n

Los intentos de actualizaci\u00f3n legislativa en materia de propiedad industrial en Venezuela han sido reiterados y sistem\u00e1ticamente infructuosos. Desde los debates parlamentarios de la d\u00e9cada de los noventa del siglo pasado, pasando por los proyectos de ley presentados durante la vigencia de la Decisi\u00f3n 486, hasta las consultas promovidas por el SAPI con posterioridad al a\u00f1o 2008, ninguna iniciativa ha culminado en la promulgaci\u00f3n de una nueva ley.
Ignacio de Le\u00f3n identific\u00f3 que la principal disfuncionalidad del sistema venezolano no radicaba exclusivamente en la obsolescencia normativa, sino en la \u00ababsoluta incertidumbre jur\u00eddica\u00bb generada por la coexistencia de normas de distinta jerarqu\u00eda y origen, lo que desestimula estructuralmente la inversi\u00f3n. Esta observaci\u00f3n, formulada en el an\u00e1lisis de la Decisi\u00f3n 344 del Acuerdo de Cartagena, adquiri\u00f3 mayor agudeza con la denuncia de 2006 y la consiguiente p\u00e9rdida del respaldo normativo andino.
La ausencia de un sistema de monitoreo estad\u00edstico confiable sobre la actividad registral del SAPI ante la OMPI constituye un indicador adicional de la debilidad institucional del sistema. Elsi Jim\u00e9nez y Rub\u00e9n Garc\u00eda documentaron que, seg\u00fan los datos de la OMPI para el per\u00edodo 1997-2011, el perfil estad\u00edstico de Venezuela registra a\u00f1os sin reporte de solicitudes de patentes de residentes, lo que indica que el SAPI no informaba sistem\u00e1ticamente al organismo internacional sobre la actividad registral nacional. Este comportamiento institucional profundiza el aislamiento de Venezuela del sistema global de indicadores de propiedad intelectual.<\/p>\n

3. DESAF\u00cdOS TECNOL\u00d3GICOS: NUEVAS FORMAS DE CREACI\u00d3N Y SU PROTECCI\u00d3N<\/h2>\n

3.1. La inteligencia artificial y la patentabilidad de sus creaciones<\/strong><\/p>\n

Una de las cuestiones m\u00e1s urgentes en el derecho contempor\u00e1neo de patentes es la relativa a la protecci\u00f3n de invenciones generadas mediante inteligencia artificial (IA). El Comit\u00e9 Permanente sobre el Derecho de Patentes de la OMPI (Standing Committee on the Law of Patents, SCP), en su trig\u00e9sima sexta sesi\u00f3n celebrada en octubre de 2024, deliber\u00f3 sobre el dise\u00f1o de un plan de trabajo para explorar opciones de pol\u00edtica en materia de sistemas de patentes impulsados por la IA. En ese marco se identificaron como cuestiones centrales los est\u00e1ndares de patentabilidad aplicables, en particular el nivel inventivo y el est\u00e1ndar de la persona \u00abversada en la materia\u00bb y la necesidad o no de personalidad jur\u00eddica para satisfacer el requisito de \u00abinventor\u00bb en el sentido de los convenios internacionales.
El caso DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) ilustra la dimensi\u00f3n jur\u00eddica de este debate. Se trata de un sistema de inteligencia artificial desarrollado por el Dr. Stephen Thaler, a nombre del cual se presentaron solicitudes de patente en varias jurisdicciones con el sistema como inventor designado. Las autoridades de patentes del Reino Unido, la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO) rechazaron dichas solicitudes al concluir que el inventor debe ser una persona natural. El Tribunal Supremo del Reino Unido, en su sentencia de 20 de diciembre de 2023 (Thaler v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks, [2023] UKSC 49), ratific\u00f3 que la ley exige un inventor humano, criterio que refleja la posici\u00f3n dominante en el derecho comparado.
El ordenamiento venezolano de 1955 no contempla ning\u00fan criterio sobre la autor\u00eda de invenciones asistidas por IA. Ante esta laguna, una nueva ley venezolana deber\u00e1 posicionarse respecto a este debate, de preferencia adoptando la soluci\u00f3n mayoritaria internacional: el inventor debe ser una persona natural, sin perjuicio de que las personas jur\u00eddicas puedan ser titulares de la patente por cesi\u00f3n o por el v\u00ednculo laboral, conforme a los art\u00edculos 320 al 329 de la Ley Org\u00e1nica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) de 2012.<\/p>\n

3.2. Biodiversidad, conocimientos tradicionales y recursos gen\u00e9ticos<\/strong><\/p>\n

Venezuela posee una significativa diversidad biol\u00f3gica, cultural y geogr\u00e1fica, con potencial incidencia directa en la protecci\u00f3n de recursos gen\u00e9ticos, conocimientos tradicionales, indicaciones geogr\u00e1ficas y denominaciones de origen. El art\u00edculo 124 de la CRBV garantiza los derechos de propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnolog\u00edas e innovaciones de los pueblos ind\u00edgenas y proh\u00edbe expresamente el registro de patentes sobre esos recursos y conocimientos ancestrales. La Ley de Diversidad Biol\u00f3gica (Gaceta Oficial N\u00b0 5.468 Extraordinario, 24 de mayo de 2000) y la Ley Org\u00e1nica de Pueblos y Comunidades Ind\u00edgenas (Gaceta Oficial N\u00b0 38.344, 27 de diciembre de 2005) desarrollan esta protecci\u00f3n constitucional en el \u00e1mbito interno.
Sin embargo, la articulaci\u00f3n de estas normas con el r\u00e9gimen de patentes es inexistente en la ley de 1955. El ordenamiento vigente no contempla disposiciones sobre divulgaci\u00f3n del origen de recursos gen\u00e9ticos, ni requisitos de consentimiento informado previo, ni mecanismos de distribuci\u00f3n equitativa de beneficios. Esta carencia es relevante en el contexto global, en el que la OMPI negocia un instrumento jur\u00eddico internacional sobre recursos gen\u00e9ticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales en el marco de su Comit\u00e9 Intergubernamental (CIG). La ausencia de articulaci\u00f3n interna expone al pa\u00eds al riesgo de que sus recursos gen\u00e9ticos y conocimientos tradicionales sean apropiados mediante solicitudes de patentes presentadas en otras jurisdicciones.<\/p>\n

3.3. El rezago en la digitalizaci\u00f3n del sistema registral<\/strong><\/p>\n

En materia de signos distintivos, el SAPI implement\u00f3, mediante el Aviso Oficial N\u00b0 DG-001-2020 del 7 de febrero de 2020, la aplicaci\u00f3n exclusiva de la Clasificaci\u00f3n Internacional de Niza (versi\u00f3n NCL11-2020) para el registro de marcas, abandonando el sistema clasificatorio nacional previsto en la ley de 1955. Esta medida administrativa que armoniza parcialmente el sistema de marcas con los est\u00e1ndares de la OMPI pone de relieve una paradoja institucional: el SAPI aplica de facto normas internacionales de clasificaci\u00f3n por v\u00eda reglamentaria, mientras el instrumento legal sustantivo permanece anclado en 1955.
En materia de patentes, la digitalizaci\u00f3n del Bolet\u00edn de Propiedad Industrial y la habilitaci\u00f3n del Bolet\u00edn Digital del SAPI constituyen avances en la publicidad registral. Sin embargo, la ausencia de integraci\u00f3n con las bases de datos de la OMPI en particular con PATENTSCOPE, el sistema de b\u00fasqueda de solicitudes PCT limita severamente la proyecci\u00f3n internacional del sistema venezolano y reduce la visibilidad de las invenciones nacionales ante los examinadores y los operadores jur\u00eddicos extranjeros.<\/p>\n

4. DESAF\u00cdOS ECON\u00d3MICOS: PATENTES, INVERSI\u00d3N E INNOVACI\u00d3N<\/h2>\n

4.1. La relaci\u00f3n entre protecci\u00f3n de patentes e inversi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La teor\u00eda econ\u00f3mica del derecho de patentes, desarrollada por William D. Nordhaus en su obra Invention, Growth, and Welfare: A Theoretical Treatment of Technological Change (Cambridge: MIT Press, 1969), y enriquecida posteriormente por William M. Landes y Richard A. Posner en The Economic Structure of Intellectual Property Law (Cambridge: Harvard University Press, 2003), sostiene que el monopolio temporal otorgado por la patente genera los incentivos necesarios para que los agentes econ\u00f3micos incurran en los costos y riesgos de la actividad inventiva. La pregunta relevante para Venezuela no es si proteger las patentes, sino c\u00f3mo dise\u00f1ar el sistema para que la protecci\u00f3n sirva simult\u00e1neamente a los incentivos a la innovaci\u00f3n y al acceso ciudadano al conocimiento.
Ignacio de Le\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que \u00abel pilar fundamental del desarrollo de los pueblos es justamente la uniformidad de su ordenamiento jur\u00eddico, es decir, que los agentes econ\u00f3micos conozcan de antemano que su conducta es l\u00edcita o il\u00edcita; porque esta situaci\u00f3n de absoluta incertidumbre jur\u00eddica lo que genera es desest\u00edmulo a la inversi\u00f3n\u00bb. Esta observaci\u00f3n adquiere especial relevancia en el contexto venezolano actual, donde la inversi\u00f3n extranjera directa en sectores intensivos en conocimiento es pr\u00e1cticamente inexistente.
A nivel comparado, el Informe sobre los Indicadores Mundiales de Propiedad Intelectual de la OMPI correspondiente al a\u00f1o 2023 documenta que la India alcanz\u00f3 un crecimiento del 15,7% en solicitudes de patentes, completando el quinto a\u00f1o consecutivo de crecimiento superior al 10%. Este dato ilustra la correlaci\u00f3n entre sistemas de patentes consolidados y crecimiento en la actividad inventiva. Venezuela, en contraste, destin\u00f3 seg\u00fan el Ministerio de Ciencia e Innovaci\u00f3n (MINCI) un 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a ciencia y tecnolog\u00eda en el a\u00f1o 2013, cifra comparable a la de Jap\u00f3n o Francia, pero obtuvo una producci\u00f3n de patentes pr\u00e1cticamente nula en ese mismo per\u00edodo, lo que revela una profunda disfunci\u00f3n institucional que trasciende la insuficiencia presupuestaria.<\/p>\n

4.2. Las denominaciones de origen y su valor estrat\u00e9gico<\/strong><\/p>\n

Venezuela cuenta al 1 de junio de 2026 con dieciocho signos distintivos territoriales registrados ante el Servicio Aut\u00f3nomo de Propiedad Intelectual (SAPI): tres denominaciones de origen y quince indicaciones geogr\u00e1ficas protegidas.
Las tres denominaciones de origen fueron otorgadas durante la membres\u00eda de Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones y se mantienen vigentes mediante renovaciones sucesivas: Cacao de Chuao (Resoluci\u00f3n N\u00b0 2006, Bolet\u00edn N\u00b0 443, 22 de noviembre de 2000, renovada en 2016); Cocuy de Pecaya denominaci\u00f3n oficial conforme al acto de concesi\u00f3n (Resoluci\u00f3n N\u00b0 0287, Bolet\u00edn N\u00b0 445, 1 de junio de 2001, renovada en 2016); y Ron de Venezuela (Resoluci\u00f3n N\u00b0 798, Bolet\u00edn N\u00b0 459, 4 de noviembre de 2003, renovada en 2019). Una cuarta solicitud Caf\u00e9 Grano de Oro de Biscucuy qued\u00f3 inconclusa al producirse la denuncia del Acuerdo de Cartagena en 2006.<\/p>\n

A partir de 2021, el SAPI retom\u00f3 y ampli\u00f3 el otorgamiento de signos distintivos territoriales bajo la figura de las indicaciones geogr\u00e1ficas protegidas (IGP). Al 1 de junio de 2026 ha concedido quince: Cocuy Larense (Bolet\u00edn N\u00b0 609-610, 2021, estado Lara); Cacao Carenero (Bolet\u00edn N\u00b0 609, 2021, Barlovento, Miranda); Cacao Caripito (Bolet\u00edn N\u00b0 612, 2021, Monagas); Caf\u00e9 de Bocon\u00f3 (Bolet\u00edn N\u00b0 619, 2022, Trujillo); Cacao de Choron\u00ed (Bolet\u00edn N\u00b0 619, 2022, Aragua); Cacao de Patanemo (Bolet\u00edn N\u00b0 625, 2023, Carabobo); Caf\u00e9 de M\u00e9rida (Bolet\u00edn N\u00b0 625, 2023, M\u00e9rida); Aj\u00ed Margarite\u00f1o (Bolet\u00edn N\u00b0 629, 2024, Nueva Esparta); Miel de Kavitepuy Gran Sabana (Bolet\u00edn N\u00b0 630, 2024, estado Bol\u00edvar); Aguacate de Yaracuy (Bolet\u00edn N\u00b0 636, 2024, Yaracuy); Caf\u00e9 de Miranda (Bolet\u00edn N\u00b0 640, 2025, Miranda); Pan de T\u00e1chira (Bolet\u00edn N\u00b0 640, 2025, T\u00e1chira); Queso de Cabra de Lara (Bolet\u00edn N\u00b0 645, 2025, Lara); Caf\u00e9 de Lara (Bolet\u00edn N\u00b0 648, 2025, Lara); y Cacao de Barinas (Bolet\u00edn N\u00b0 652, abril de 2026, estado Barinas).<\/p>\n

Este desarrollo registral, positivo en t\u00e9rminos de actividad institucional, revela al mismo tiempo la principal deficiencia del ordenamiento venezolano: la Ley de Propiedad Industrial de 1955 no regula las denominaciones de origen ni las indicaciones geogr\u00e1ficas como categor\u00edas aut\u00f3nomas. El SAPI tramita estos registros aplicando por analog\u00eda el procedimiento de marcas comerciales, tal como reconoce expresamente en su p\u00e1gina oficial, soluci\u00f3n que carece de la base normativa necesaria para garantizar la seguridad jur\u00eddica de los titulares y la oponibilidad plena de sus derechos.<\/p>\n

Desde el punto de vista jur\u00eddico, la denominaci\u00f3n de origen protege un producto cuya calidad se debe exclusiva o esencialmente al medio geogr\u00e1fico, conforme al art\u00edculo 2 del Arreglo de Lisboa (1958); la indicaci\u00f3n geogr\u00e1fica protegida exige \u00fanicamente que esa calidad sea imputable fundamentalmente a su origen, conforme al art\u00edculo 22 del Acuerdo ADPIC. Ninguna de estas categor\u00edas, ni la marca colectiva ni la marca de certificaci\u00f3n, est\u00e1n reguladas de manera diferenciada en la ley vigente, lo que refuerza la necesidad de la reforma legislativa integral propuesta en este art\u00edculo. La diversidad de los dieciocho registros vigentes acredita el potencial venezolano en esta materia y la urgencia de dotarlo de un marco normativo moderno y eficaz.<\/p>\n

4.3. La propiedad industrial en el marco de la LOTTT y la LOCTI<\/strong><\/p>\n

El r\u00e9gimen venezolano de propiedad industrial no puede analizarse de forma aislada de otras normas que inciden sobre la titularidad y la explotaci\u00f3n del conocimiento. La Ley Org\u00e1nica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) de 2012 establece en sus art\u00edculos 320 al 329 un r\u00e9gimen de propiedad de las invenciones de los trabajadores que se aparta del modelo predominante: las invenciones financiadas \u00edntegramente con presupuesto p\u00fablico se declaran de dominio p\u00fablico, lo que desincentiva a las universidades y centros de investigaci\u00f3n estatales a tramitar solicitudes de patentes. Este r\u00e9gimen colide con el art\u00edculo 3 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, que preserva el derecho de propiedad del registrante sobre su invento.
La Ley Org\u00e1nica de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n (LOCTI, 2010) confirma, en sus art\u00edculos 19, 20 y 21, la autoridad rectora del SAPI en materia de propiedad intelectual. Su art\u00edculo 27 supedita la prioridad del Estado a proyectos de innovaci\u00f3n \u00abcon participaci\u00f3n nacional en los derechos de propiedad intelectual\u00bb. Esta disposici\u00f3n, correctamente interpretada, deber\u00eda incentivar la protecci\u00f3n por v\u00eda de patentes; no obstante, la ausencia de mecanismos operativos y de incentivos fiscales concretos la convierte en una norma program\u00e1tica de efecto pr\u00e1ctico limitado.<\/p>\n

5. PROPUESTAS PARA LA MODERNIZACI\u00d3N DEL SISTEMA DE PATENTES VENEZOLANO<\/h2>\n

5.1. Reforma legislativa integral: lineamientos m\u00ednimos<\/strong><\/p>\n

Una nueva Ley de Propiedad Industrial venezolana debe incorporar, como m\u00ednimo, los siguientes elementos para cumplir con los est\u00e1ndares de la OMPI y superar las deficiencias del ordenamiento de 1955:
(i) Consagrar expresamente el plazo de veinte (20) a\u00f1os de protecci\u00f3n de patentes desde la fecha de presentaci\u00f3n de la solicitud, conforme al art\u00edculo 33 del ADPIC.
(ii) Adoptar el criterio de novedad absoluta, en l\u00ednea con los requerimientos del PCT y de los ordenamientos nacionales modernos.
(iii) Incorporar los modelos de utilidad como categor\u00eda aut\u00f3noma, con criterios de patentabilidad diferenciados del nivel inventivo exigido para las patentes de invenci\u00f3n.
(iv) Regular las licencias obligatorias con criterios claros, alineados con los art\u00edculos 30 y 31 del ADPIC, incluyendo las licencias por razones de emergencia sanitaria y las derivadas de pr\u00e1cticas contrarias a la libre competencia.
(v) Establecer expresamente el derecho del usuario previo, en favor de quienes hayan utilizado una invenci\u00f3n de buena fe con anterioridad a la fecha de presentaci\u00f3n de la solicitud de patente figura ya contemplada en la Ley de Propiedad Industrial de 1955 de forma impl\u00edcita, pero que requiere una regulaci\u00f3n expresa y actualizada.
(vi) Incorporar disposiciones sobre divulgaci\u00f3n del origen de recursos gen\u00e9ticos y conocimientos tradicionales en las solicitudes de patentes, en consonancia con el art\u00edculo 124 de la CRBV y con las negociaciones en curso en el Comit\u00e9 Intergubernamental de la OMPI.
(vii) Otorgar al SAPI potestades cautelares administrativas con control judicial posterior an\u00e1logas a las previstas en los art\u00edculos 243 al 256 de la Decisi\u00f3n 486.
(viii) Armonizar el r\u00e9gimen de propiedad de las invenciones laborales, previsto en los art\u00edculos 320 al 329 de la LOTTT, con el principio de incentivos a la investigaci\u00f3n y el desarrollo, reconociendo al trabajador-inventor derechos econ\u00f3micos proporcionales, independientemente de la naturaleza p\u00fablica o privada del financiamiento.<\/p>\n

5.2. Adhesi\u00f3n al PCT: hoja de ruta<\/strong><\/p>\n

La adhesi\u00f3n al PCT debe concebirse como un proceso gradual articulado en tres etapas. En la primera etapa (Preparaci\u00f3n, uno a dos a\u00f1os), Venezuela deber\u00e1 actualizar su legislaci\u00f3n de patentes para incorporar los requisitos del Reglamento del PCT, capacitar al personal examinador del SAPI en las normas internacionales de b\u00fasqueda y examen, y activar el acceso al sistema PATENTSCOPE para los operadores jur\u00eddicos y los inventores nacionales. En la segunda etapa (Adhesi\u00f3n, de dos a tres a\u00f1os), Venezuela formalizar\u00e1 la suscripci\u00f3n del PCT previa aprobaci\u00f3n por la Asamblea Nacional, designando al SAPI como Oficina receptora. En la tercera etapa (Consolidaci\u00f3n, de tres a cinco a\u00f1os), el SAPI evaluar\u00e1 la posibilidad de solicitar su designaci\u00f3n como Autoridad Internacional de B\u00fasqueda, en alianza con oficinas regionales como el Instituto Nacional da Propiedad Industrial (INPI) de Brasil o la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.<\/p>\n

5.3. Fortalecimiento institucional del SAPI<\/strong><\/p>\n

El fortalecimiento del SAPI como autoridad competente en materia de propiedad industrial requiere su transformaci\u00f3n en un instituto aut\u00f3nomo con personalidad jur\u00eddica propia, patrimonio independiente y capacidad de autofinanciamiento. Esta propuesta fue planteada por Ignacio de Le\u00f3n al analizar el proyecto de creaci\u00f3n del Instituto Venezolano de Propiedad Industrial, se\u00f1alando que dicha transformaci\u00f3n otorgar\u00eda al ente rector \u00abposibilidades de independencia en cuanto a la asignaci\u00f3n del presupuesto… y tendr\u00eda personalidad jur\u00eddica propia\u00bb.
Esta transformaci\u00f3n permitir\u00eda al ente rector: (i) retener las tasas cobradas como fuente de financiamiento de su modernizaci\u00f3n tecnol\u00f3gica; (ii) actuar en juicio para defender sus decisiones administrativas sin la intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica; y (iii) establecer mecanismos de cooperaci\u00f3n con la OMPI y las oficinas hom\u00f3logas de la regi\u00f3n para la formaci\u00f3n continua de examinadores.<\/p>\n

CONCLUSIONES<\/h2>\n

Primera. El r\u00e9gimen venezolano de propiedad industrial padece una obsolescencia normativa de car\u00e1cter estructural que no puede ser corregida mediante ajustes reglamentarios o administrativos. La Ley de Propiedad Industrial de 1955, pese a la vigencia parcial de algunas de sus instituciones entre ellas el principio de prior in tempore, prior in ius y la protecci\u00f3n gen\u00e9rica de signos distintivos no tradicionales, analizados por Leonel Salazar Reyes-Zumetaresulta incompatible con las exigencias del Acuerdo ADPIC y con los est\u00e1ndares de la OMPI en materias esenciales para la econom\u00eda del conocimiento.
Segunda. La denuncia del Acuerdo de Cartagena en 2006 represent\u00f3 no solo un retroceso normativo, sino una ruptura con el proceso de integraci\u00f3n jur\u00eddica regional que hab\u00eda permitido a Venezuela alinearse con los ordenamientos m\u00e1s avanzados de Am\u00e9rica Latina. La recuperaci\u00f3n de ese terreno requiere una reforma legislativa aut\u00f3noma, que tome como referencia los est\u00e1ndares del derecho comparado latinoamericano y del derecho internacional de la propiedad intelectual, sin que ello implique necesariamente la reincorporaci\u00f3n a ning\u00fan bloque de integraci\u00f3n regional.
Tercera. Los desaf\u00edos tecnol\u00f3gicos patentabilidad de invenciones asistidas por inteligencia artificial, protecci\u00f3n de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, digitalizaci\u00f3n registral son urgentes y no pueden diferirse hasta completar la reforma legislativa b\u00e1sica. El SAPI puede avanzar en la adopci\u00f3n de directrices administrativas provisionales que den respuesta inmediata a estas cuestiones, en tanto la Asamblea Nacional tramita la ley definitiva.
Cuarta. El fortalecimiento del sistema de patentes debe concebirse como una pol\u00edtica p\u00fablica integral que articule la reforma normativa, el fortalecimiento institucional del SAPI, la adhesi\u00f3n al PCT, la armonizaci\u00f3n con las normas sobre investigaci\u00f3n y desarrollo contenidas en la LOCTI y la LOTTT, y la generaci\u00f3n de incentivos fiscales y financieros para los inventores y las empresas que protejan sus creaciones mediante patentes. Sin esta articulaci\u00f3n sist\u00e9mica, la reforma legislativa aislada resultar\u00e1 insuficiente.
Quinta. Venezuela, como pa\u00eds con significativa diversidad biol\u00f3gica y cultural, con un acervo agroindustrial \u00fanico acreditado por sus denominaciones de origen de cacao, caf\u00e9, cocuy pecayero y ron y una tradici\u00f3n universitaria y cient\u00edfica que puede ser potenciada, tiene condiciones objetivas para modernizar su sistema de propiedad industrial. La actualizaci\u00f3n legislativa no es contraria a los intereses nacionales de acceso al conocimiento; por el contrario, es la condici\u00f3n jur\u00eddica indispensable para que la Rep\u00fablica pueda aprovechar, en forma soberana y estrat\u00e9gica, las flexibilidades que el Acuerdo ADPIC reconoce a los pa\u00edses en desarrollo y los recursos de cooperaci\u00f3n t\u00e9cnica de la OMPI.<\/p>\n

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Organizaci\u00f3n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). \u00abInnovaci\u00f3n sin fronteras: El sistema internacional de patentes de la OMPI supera los 5 millones de solicitudes publicadas.\u00bb Nota de Prensa. Ginebra, 2024. Disponible en: https:\/\/www.wipo.int\/pressroom\/es\/articles\/2024\/article_0018.html.<\/p>\n

Organizaci\u00f3n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Standing Committee on the Law of Patents, Thirty-Sixth Session. Summary by the Chair. SCP\/36\/12. Ginebra, 18 de octubre de 2024. Disponible en: https:\/\/www.wipo.int\/edocs\/mdocs\/scp\/en\/scp_36\/scp_36_12.pdf.<\/p>\n

Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnolog\u00eda (RICyT). Indicadores de patentes. Disponible en: https:\/\/www.ricyt.org. [Verificar a\u00f1o de consulta y datos espec\u00edficos sobre Venezuela].<\/p>\n<\/details>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Las patentes de invenci\u00f3n constituyen el eje t\u00e9cnico y econ\u00f3mico del sistema de propiedad industrial. 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